Ahora ya aclarado el origen tricolor de la idea de la recolección de al menos 1 millón de firmas como parte de la metodología para la definición de la candidatura a la Presidencia en 2024, toca analizar la propuesta ciudadana retomada por Vicente Fox y un grupo de exgobernadores del PAN de realizar una elección abierta a la ciudadanía, una suerte de primaria estadounidense.
Dicho proceso abierto debería sujetarse a la legislación en cuanto a la fiscalización y montos de precampaña autorizados, y es que toda precampaña no puede exceder el 20% del monto establecido para las campañas inmediatas anteriores, es decir, dado el tope máximo del 2017-2018 de $429,633,325 para la Presidencia, para esas elecciones primarias por candidato serían $85,926,665.2 y como tal NO puede iniciar antes de noviembre.
Para ello deberían reducirse el número de aspirantes, pues de imaginar tan sólo 4, el ejercicio podría implicar hasta $255,779,995 que NO vendrían desviados de tesorerías gubernamentales y que NO volverían a aparecer jamás. Si para esa reducción de aspirantes se insiste en retomar la figura de recolección de firmas se pondría toda candidatura en un riesgo de posibles actos anticipados de campaña, pues el financiamiento y fiscalización por parte del INE de esa etapa difícilmente encajaría en el principio de autodeterminación de los partidos.
El pedir dinero a alguien que NO milita en el partido para apoyar ese proceso implica un acto anticipado de campaña de cual se beneficia directamente quien aspira, pues es un requisito para acceder a la segunda etapa de la elección abierta simulando una primera etapa de precampaña como un financiamiento sin justificación alguna.
Adicionalmente, se debe considerar el festín que se daría el inquilino de Palacio Nacional con los montos gastados en ese proceso interno, e incluso con las aportaciones de empresarios no afines a su proyecto, para después ensuciarlo y desacreditarlo. Quizá la mayor razón para su realización sería sólo que lo organizase el INE, como una muestra de respaldo a la autoridad electoral que legitimara el ejercicio, pero con todos los riesgos que ya advertí antes de los amigos del fentanilo de YSQ y que además no existe ningún precedente de ello, sólo de elecciones internas de los partidos.
Además, dicho proceso representa a la par una irrepetible oportunidad para la vinculación ciudadana del proyecto y candidatura misma, y un enorme riesgo de sabotaje y/o infiltración tanto de MORENA como de la delincuencia organizada. En sí mismo, representa el dilema del cálculo de cuál comportamiento habría de prevalecer, el de votantes externos daneses e impolutos que manifiestan una preferencia electoral, o el de la “supuesta” compra del voto, violencia en casillas y montajes propios de Epigmenio Ibarra para ensuciar y desacreditar el ejercicio.
Como sea, el dilema no es sencillo, aunque algunos lo plantean imaginando un ejercicio cívico en Escandinavia, la realidad es que se asemeja más al posible riesgo de elecciones como las de Turquía o Kenia en muchos de los Estados gobernados por MORENA y la delincuencia organizada. Para su correcta instrumentación necesita ser organizado por el INE, un presupuesto elevado que mucho se va a extrañar ya en 2024 en la batalla final, ciudadanos que estén a la altura del reto y candidaturas que inspiren y motiven al electorado.
Valdría la pena que cualquier metodología “innovadora” la implementara el INE para garantizar su blindaje legal y político, sin ello, todo lo que ha trascendido sería materia de diversas impugnaciones y procedimientos oficiosos tanto de quienes suspiran, como de quienes compiten contra esa alianza. Podría en suma ser un error monumentalmente histórico.
POR FEDERICO DÖRING
DIPUTADO LOCAL DEL PAN
@FDORINGCASAR
MAAZ