Entre el discurso y la realidad, hay un abismo. Cuando el sexenio pasado los funcionarios peñanietistas defendían que unas cuantas firmas cercanísimas a la misma clase política gobernante fueran beneficiarias de jugosos contratos en las obras emblemáticas, solían argumentar que no era por favoritismo ni por corrupción, sino porque había pocas empresas con capacidad para ejecutar las obras.
Añadían que, si bien había empresas extranjeras con capacidades y financieramente seguras, era mejor que los recursos se quedaran en México. El alegato era tan débil que no resistió la prueba de “La Casa Blanca de las Lomas” y hasta el megaproyecto del Tren México-Querétaro cayó.
Se licitaba, sí. Las empresas debían generar amplísimos documentos técnicos, inentendibles para el ciudadano común que, al conseguir transparentar contratos acaso sólo se podía tener claridad, además de algunas generalidades, de los montos asignados. Aunque fuera simulación.
Hoy, lo sabemos, se licita poco y al INAI se le tiene en knock out. Hay veces que ni siquiera es posible conseguir los montos contratados, especialmente porque algunas de las obras emblemáticas de la administración son clasificadas de seguridad nacional y eso no ha cambiado ni con el fallo de la Suprema Corte emitido el 18 de mayo.
Pero lo que sí se logra saber es que muchas de las empresas satanizadas por proximidad a los regímenes del pasado, siguen hoy tan campantes, inclusive aquellas que han sido observadas por formar parte de escándalos de corrupción. El ejemplo es Citapia, o para abono al rigor, es el empresario Juan Carlos Tapia y familia.
Para nadie es desconocido que Citapia formó parte de la trama de corrupción Pemex-Odebrecht durante el tiempo en el que Emilio Lozoya estuvo al frente de la petrolera. El asunto surgió en Brasil, durante las testimoniales y confesionales del Caso Lava Jato. Fue la declaración del exdirectivo de Odebrecht, Luis Alberto Meneses, que las empresas de Tapia comenzaron a mencionarse. Es decir, desde el principio.
No es todo. Los testimonios que sirvieron para encausar al excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, que optó por salir del país, describían que los recursos entregados a legisladores del PAN para aprobar la Reforma Energética, eran llevados precisamente por la gente de Tapia.
Y aunque Citapia tuvo un expediente administrativo abierto, apenas iniciado el sexenio lopezobradorista, la Secretaría de la Función Pública lo cerró, de manera que la empresa, además de librar las sanciones y no tener complicación judicial, empezó a conseguir contratos precisamente con Pemex, en el megaproyecto energético emblemático del sexenio como lo es la Refinería de Dos Bocas.
Desde 2019, mediante un procedimiento de invitación restringida –ese formato a medio camino entre la licitación y la adjudicación directa—Juan Carlos Tapia consiguió para Manufactura Especial y Proyectos Industriales (Mepi), un contrato por 78 millones 430 mil dólares.
Ahora, es posible identificar otros cinco contratos (PTI-ID-O-TAM-10-2021, PTI-ID-O-P6-12-2022, PTI-ID-O-P6-23-2022, PTI-ID-O-P6-24-2022 y PTI-ID-O-P6-28-2022) cuyos montos permanecen en la opacidad. La historia ya se conoce, e inclusive, desde la Presidencia, se evitó que Juan Carlos Tapia se aproximara al presidente López Obrador durante el evento aquel que quiso manejar como acto inaugural. No obstante, la protección a Tapia es grande, tanto como para poner en duda la afirmación persistente “no somos iguales”… y resulta que sí y hasta con los mismos.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
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