El gobierno federal eliminó normas oficiales de atención a 35 temas de salud pública, lo cual es gravísimo, porque deja desamparados a personas enfermas de males que les pueden resultar catastróficos para su economía y les puede significar la muerte precisamente por la falta de suministros hospitalarios para sus tratamientos y la oportuna entrega de medicamentos.
Al abrogar normas oficiales de salud que garantizan los procedimientos de atención para enfermedades graves como el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino y la diabetes, se pueden generar varias consecuencias negativas. La reducción del acceso a tratamientos adecuados puede afectar negativamente la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes.
Además dejan en la incertidumbre los protocolos para el diagnóstico temprano y el seguimiento adecuado de estas enfermedades. Al eliminar estas normas, se retrasará el diagnóstico y, en consecuencia, la implementación de tratamientos oportunos. Las enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes pueden requerir tratamientos costosos a largo plazo. Sin normas que garanticen una cobertura adecuada por parte del sistema de salud, los pacientes y sus familias pueden enfrentar una mayor carga económica y dificultades para acceder a los medicamentos y servicios necesarios.
Esta determinación es irresponsable y va en contra de los criterios mínimos esperados por los integrantes de la Organización Mundial de la Salud. Según la OMS, es esencial garantizar un acceso equitativo y asequible a servicios de atención médica de calidad para enfermedades crónicas, como las descritas.
El drama de la falta de medicamentos en el actual gobierno es de sobra conocido, con organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos a la salud que abogan por el acceso equitativo a la atención médica y la protección de los derechos de los pacientes.
Desde la Cámara de Diputados, muchas voces de la oposición hemos manifestado nuestro repudio a la eliminación de normas oficiales de salud que afecten negativamente la atención a enfermedades y mantendremos la exigencia de que el Estado debe
salvaguardar el derecho a la salud de los pacientes afectados.
La atención adecuada a estas enfermedades requiere una planificación cuidadosa y una asignación adecuada de recursos en el sistema de salud, pero eso no le importa a Morena, no tienen recato en poner en aprietos al propio personal del sector salud que carecerán de las herramientas mínimas para su desempeño profesional.
La promoción de la salud y la prevención de enfermedades son componentes fundamentales de la salud pública, porque la detección temprana implica un menor gasto gubernamental y las mejores posibilidades para los enfermos. Pero nada de eso le importa a este gobierno negligente.
POR LORENA PIÑÓN RIVERA
Diputada federal
@lorenapignon
MAAZ