México se acerca a la elección presidencial en un contexto en el que la democracia en el mundo no está en sus mejores momentos. Han llegado al poder gobiernos que no hacen honor a los procedimientos democráticos por los que fueron electos y los partidos han perdido representatividad y credibilidad por parte de la ciudadanía.
Adicionalmente, uno de los procedimientos más difíciles para los partidos políticos es la selección de sus candidatos a puestos de elección popular. Más allá de las reglas que cada instituto político se da para elegir, lo cierto es que en el interior de los partidos se vive una confrontación intensa y los candidatos ganadores empiezan por tratar de reconciliar a las partes para ir unidos a la gran elección.
Por eso, a partir de 2006, la legislación electoral mexicana incorporó el procedimiento de las precampañas para uniformar los tiempos, los recursos permitidos, el uso de los medios de comunicación y la fiscalización de los gastos para todos los partidos.
La idea era contar con normas que mantuvieran la equidad en la competencia entre los aspirantes de todos los partidos, de manera que nadie se adelantara y prevaleciera un piso parejo. Las imperfecciones de la ley han permitido que ese objetivo no se cumpla y hoy vemos a los partidos actuar como si la misma campaña hubiera empezado.
Para los partidos de oposición el reto se ha vuelto más complejo, pues además del deterioro posterior a la derrota de 2018 y el crecimiento electoral de Morena en los estados, enfrentan la pérdida de credibilidad en amplios sectores de la sociedad. Además, para 2024, tres partidos (PAN, PRI y PRD) buscaron unir fuerzas en la construcción de una alianza que tenía más diferendos que consensos. Por eso, resultó refrescante la idea de incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en el método de selección del candidato único. La idea de crear un Consejo Electoral Ciudadano, convocado por el Frente Cívico Nacional, buscó que un órgano plenamente ciudadano se hiciera cargo de todo el proceso. Por su parte, los partidos encontraron la figura del “Frente”, prevista en la legislación, para definir su método e incorporar a la sociedad civil. En la decisión hay un reconocimiento implícito: hoy en día es indispensable abrir espacios a la sociedad civil si se quiere ganar en credibilidad y cercanía con la sociedad. La sociedad civil estará presente mayoritariamente en el órgano que formen los partidos para conducir su decisión.
No es poco lo logrado, y se trata de un procedimiento inédito en la democracia mexicana. La participación, consulta y experiencia ciudadana en un proceso partidario, fortalecen a la democracia.
Sin duda habrá un debate legal sobre la procedencia del método diseñado por la oposición, al igual que lo hay en el caso de Morena y sus aliados.
La voz la tendrán, esperemos que muy pronto, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Son nuevos retos para la oposición, en la construcción de la credibilidad democrática.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
PROFESOR E INVESTIGADOR DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
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