En los últimos años, México ha sido testigo de una alarmante escalada de asesinatos de jueces federales, lo que representa una grave amenaza a la justicia y el Estado de derecho en el país. Estos ataques a los funcionarios encargados de administrar justicia no solo han cobrado vidas humanas, sino que también han generado un clima de temor e inseguridad que afecta el adecuado funcionamiento del sistema judicial.
Los datos son contundentes y preocupantes. Según informes recientes, en los últimos 13 años no ha habido una sola sentencia en firme por el homicidio de al menos diez jueces federales en México. Incluso en aquellos casos en los que se ha logrado la detención de presuntos responsables, la impunidad prevalece y ninguna condena ha sido dictada por estos crímenes. Esta falta de justicia envía un mensaje alarmante de que la vida de un juez federal puede ser arrebatada sin consecuencias reales.
Uno de los casos emblemáticos es el asesinato de Vicente Bermúdez Zacarías, juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles en Toluca, quien fue asesinado en 2016. A pesar de que se detuvo a su esposa como presunta responsable, hasta la fecha no se ha dictado una sentencia en su contra. Este es solo un ejemplo de la impunidad que prevalece en los casos de asesinatos de jueces federales.
La falta de avance en estas investigaciones ha generado un clima de inseguridad y temor entre los jueces federales en México. Expertos advierten que los constantes señalamientos y acusaciones que se han generado por parte del Presidente y bastantes legisladores de Morena hacia los jueces y en especial la SCJN, han erosionado la confianza en el sistema judicial y producen un caldo de cultivo para ataques y amenazas contra ellos. Es fundamental que el Presidente y sus seguidores respeten la independencia judicial y garanticen la seguridad de los jueces para que puedan desempeñar su labor de manera imparcial y justa.
La impunidad en los casos de asesinatos de jueces federales no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también debilita el Estado de derecho en México. La justicia es un pilar fundamental de cualquier democracia y es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los jueces y la integridad del sistema judicial. Estos ataques representan una afrenta directa a la administración de justicia y deben ser abordados de manera urgente y efectiva.
Las autoridades mexicanas deben tomar medidas contundentes para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de estos delitos. Es necesario fortalecer los mecanismos de protección para los jueces federales y asegurar que puedan ejercer su labor sin temor a represalias. Además, se deben implementar políticas de prevención del delito y combate a la impunidad que aborden las causas subyacentes de estos ataques y promuevan un ambiente seguro para la administración de justicia, sobre todo; que el propio Ejecutivo, quien es responsable de la protección de los jueces, deje de propiciar la polarización y el discurso negativo hacia ellos y hacia las instituciones que imparten justicia. Presionar a los jueces para que fallen a favor de las propuestas o decretos ilegales del gobierno en turno, es una forma de corrupción no muy distinta al soborno. México tiene que enderezar su camino, y debe hacerlo ya. Solo podremos hacerlo a través de la sociedad y no del individuo o desde el poder; unir a la sociedad de manera integral, revirtiendo la división que en ella se ha generado desde 2018. Se debe lograr la unidad integral de todos a través de la exigencia y búsqueda de lo que nos identifica, de los objetivos que todos queremos se obtengan, independientemente de las preferencias políticas, filias y fobias individuales o de grupo. Nos debemos concentrar en nuestros intereses comunes y concurrentes, lo que todos sin excepción queremos; seguridad, paz, salud, progreso y justicia.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
PAL