Morena conocía su derrota. Desde el instante en que adelantaron el proceso para nombrar a quien abanderaría su candidatura presidencial, sabían que su Plan B sería rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La semana pasada, en un acto de congruencia, una mayoría de nueve ministros confirmó que Morena y sus aliados violaron las reglas legislativas del Congreso.
La Suprema Corte ya hizo su parte: hacer valer la Constitución frente el atropello de los autoritarios. Pero en la saciedad por continuar en el poder a costa de todo, Morena viola la legislación electoral para posicionar a sus aspirantes mediante la farsa.
Ahora, la responsabilidad está en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El libreto morenista es claro, a la vez de tramposo.
Alegando un cargo partidista, antes de que inicie el proceso electoral, buscan a un ‘Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T’, quien abanderará a la alianza oficialista en la contienda presidencial. Además de tomar prestado el nombre a los Comités de Defensa de la Revolución de la dictadura cubana, arrastran el gen de la trampa para burlar la democracia.
Como buenos actores de reparto del montaje electoral, los aspirantes oficialistas se placean por el país con impunidad.
Prometen la continuidad del proyecto, a la vez de promocionarse con bardas, espectaculares y discursos violatorios de la equidad, imparcialidad y transparencia que ellos mismos demandaron años atrás.
Si estas violaciones son notorias para el ciudadano común, deben serlo también para las autoridades electorales.
Cierto: el INE emitió medidas cautelares que fueron confirmadas por el Tribunal Electoral.
El problema está en que, de no existir consecuencias para los aspirantes y el partido, las puertas de la impunidad seguirán abiertas. El INE y el Tribunal Electoral tienen un mandato que rechaza la tibieza y las medias tintas, de no cumplirlo, serían cómplices del desorden democrático.
Como responsables para que exista piso parejo, reglas claras y el cumplimiento de las leyes electorales, deben sancionar a quien quebrante la ley, sea quien sea.
Por las violaciones sistemáticas y reiteradas de las corcholatas y el partido, estos deberían estar impedidos para competir en 2024, y Morena perder el registro.
Es de entenderse que los consejeros y magistrados piensen dos veces sus decisiones para evitar una embestida desde Palacio. Mas la democracia nació de la valentía, no del gatopardismo.
Y es esa valentía, junto con la legalidad, lo que debe prevalecer.
En estos momentos de tribulación, digamos a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral: no están solos y los estamos viendo.
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CUMULONIMBOS. “No hay tirano sin cómplices", George Herbert.
POR BOSCO DE LA VEGA
COLABORADOR
@BOSCODELAV
PAL