En el 2021, inmediatamente después de las elecciones intermedias, Andrés Manuel López Obrador anunció que enviaría al Congreso de la Unión tres reformas constitucionales. La primera, para reformar la industria eléctrica nacional; la segunda, es materia político-electoral, y la tercera, para que la Guardia Nacional pasara a la SEDENA.
El jueves 22 de junio, por nueve votos a dos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la segunda parte del plan B electoral del presidente.
Tres a cero. Ninguna de las reformas constitucionales presidenciales alcanzó la mayoría calificada de dos tercios y las reformas legales en los mismos temas, la Suprema Corte los invalidó. ¿Cuál es la situación del Presidente después de las resoluciones? Lo natural era que su liderazgo menguara y su credibilidad disminuyera. No ocurrió así. Perdió en lo jurídico, ganó en lo político.
El presidente perdió en tribunales. Ninguna de sus reformas pasó la aduana de la SCJN. Sin embargo, hábil como es, ganó la batalla política. El Presidente capitalizó el conflicto con la Suprema Corte para fortalecerse en la segunda mitad de su gobierno. De hecho, este conflicto con el Poder Judicial le permitió construir los ejes que definirán la contienda electoral del próximo año, el llamado Plan C, que como se sabe consiste no sólo en ganar la Presidencia de la República, sino en obtener la mayoría constitucional en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Si su plan le sale bien, en septiembre del próximo año, en el último mes de su gobierno, AMLO enviará nuevamente al Congreso sus reformas constitucionales para que la nueva legislatura las apruebe.
En lo concerniente a la reforma político-electoral me hubiera gustado que la SCJN hubiera resuelto a partir del contenido de los cambios y no del procedimiento, porque se ajustaría cabalmente a sus funciones de control constitucional. Pero al hacerlo sobre los mecanismos procedimentales de un poder soberano del Estado mexicano, abre el debate sobre la invasión de poderes.
No considero que la Suprema Corte sea el “Poder Supremo Conservador”, como lo denominó el presidente de la República. Se entiende el sentido de la referencia a esa etapa oscura de nuestra historia, en donde el país estuvo al borde de la desintegración. Simplemente la resolución de la Corte se ajustó a la división de poderes.
¿Algo bueno podría surgir del conflicto entre el presidente y el Poder Judicial? Sí. Este pleito entre AMLO y la ministra Norma Piña, abrió el debate respecto a la situación actual y futuro del Poder Judicial. Se pusieron en evidencia los privilegios y lujos de los cuales gozan los ministros.
En el debate quedó claro que es necesario revisar el mecanismo de designación de los integrantes de la Suprema Corte. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?
La políticas es de bronce.
Por Onel Ortíz Fragoso
Colaborador
@onelortiz
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