Se esperaba una resolución en congruencia con la anterior y así fue: la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalida en su totalidad lo que se conoce como ‘el plan B’ electoral. Con nueve votos a favor (incluido el de Arturo Zaldívar) y solo dos en contra (los de Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz) quedó claro que hay autonomía de este poder con respecto al poder Ejecutivo.
Una buena noticia fue que la SCJN ordenara la vigencia plena e inmediata de las leyes electorales creadas en 2014; estas imperan, entonces, para la elección federal del 2024 que inicia el 4 de septiembre de este año.
La mala noticia que ya se ve venir, es que la ley no es la ley ni para López Obrador ni para toda su 4t. La icónica frase, “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley” —y menos cuando les estorba— está más viva que nunca.
Por ello, la única esperanza inmediata para la democracia electoral en este país descansa en que el TEPJF invalide, anule e imposibilite todo el proceso adelantado de Morena y aliados. Los ya dos años de actos anticipados de campaña y la posibilidad de que las corcholatas —o cualquiera de ellas— contiendan por la elección presidencial.
Pero hay a mi parecer aún una peor noticia (sí, se puede estar peor): nuevamente la oposición PARTIDISTA en nada contribuyó de forma institucional a que el tribunal máximo, pero sobre todo la ciudadanía, rechazaran lo ilegal del proceder de Regeneración Nacional y de la Presidencia todo este tiempo. A este respecto, fuera de algunos elementos del Grupo Plural y de Movimiento Ciudadano, la oposición partidista básicamente ha brillado por su ausencia —con un silencio que más bien parece complicidad—. Noten ustedes, queridos lectores, que quienes apoyaron a la Corte e hicieron intentos por concientizar sobre la inconstitucionalidad del proceso legislativo que se siguió para aprobar las reformas a la legislación secundaria en materia electoral fueron colectivos ciudadanos.
Otras malas noticias (aunque se preveían): varios miembros de la 4t, López Obrador así como Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum en consonancia, quejándose de esta nueva resolución de la Corte. Incapaces de reconocer la autonomía del poder Judicial; su independencia del presidente AMLO, de su Movimiento, pero también de la oposición política y hasta de la sociedad civil. Lo debemos reiterar: la única responsabilidad que el tribunal supremo tiene es ante la Constitución. Respetarla y hacerla respetar, con nada ni nadie más.
A partir de lo anterior, ¿qué esperar a continuación? Si bien poco probable, aunque sería lo legal, lo ético, lo democrático y el paso lógico después de la resolución de la SCJN, es que el Tribunal Electoral llamara a las corcholatas que se encuentren en campaña (aunque semánticamente la llamen de otra forma) a abandonar la misma o, de lo contrario, imposibilitarles ser candidatos. Esto es, que los posibles candidatos respeten la ley (absurda, pero ley al fin) e inicien en noviembre sus campañas. Repito: ello sería en congruencia con la resolución de la Corte pero también con la legislación que los propios Morena y aliados diseñaron, promovieron y votaron hace unos años.
Si se negaran y se les imposibilitara contender a los seis candidatos que ahora realizan actos anticipados de campaña todos los días, ¿cuáles serían los candidatos alternativos de López Obrador? Porque seguro los tiene (mismo las Fuerzas Armadas los tiene). ¿O será que AMLO busca que las elecciones, todas ellas, sean impugnadas e invalidadas? Posible; ya también lo he sugerido.
Después de la decisión de la Corte, ¿el Tribunal hará valer su independencia y será capaz de hacer cumplir la norma?
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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MAAZ