Según la jurisprudencia de la Suprema Corte, el efecto corruptor en un proceso penal se actualiza cuando, en un caso concreto, la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal. Cuando el juez advierta la presencia de tal supuesto deberá decretar la invalidez del proceso, independientemente de las pruebas aportadas. Es decir, a diferencia de los particulares, las policías y los ministerios públicos están obligados a actuar conforme a la Constitución y las leyes como parte sustancial de su mandato.
En el mismo orden de ideas, otras autoridades se encuentran sujetas a igual obligación. Pensemos en el Poder Legislativo. La Constitución y la legislación reglamentaria establecen los procedimientos para iniciar y aprobar leyes o reformas. La observancia de dichos procesos no es optativa o discrecional, ni depende del acuerdo mayoritario. Es un precepto sustancial de la democracia deliberativa. De ahí que la violación al debido proceso legislativo sea causal de invalidez de las normas aprobadas.
Ejemplo de esto fue la resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia que el día de ayer votó por mayoría calificada de 9 votos contra 2 la invalidez total de la segunda parte del Plan B electoral. Es decir, al conducirse fuera del cauce constitucional previsto, el Congreso actualizó el efecto corruptor.
Lo mismo aplica en el ámbito del Poder Ejecutivo. Llevamos cuatro años viendo cómo el presidente desdeña una y otra vez cualquier disposición legal que se oponga a sus deseos. Y, desde luego, descalificando y atacando al Poder Judicial cuando ha dictado sentencias que salvaguardan el orden constitucional.
El adelantado juego sucesorio es la más reciente muestra de irresponsabilidad legal y política del presidente que realiza e incita a cometer actos ilegales. Con su venia, Morena y sus funcionarios rompen la ley, se han desatado las pre-pre campañas de sus corcholatas y los correspondientes gastos ilegales en mítines, espectaculares, bardas y transportes. Todo ello ante un INE debilitado, paralizado ante el alud de incumplimientos.
Entrados en la ilegalidad, el efecto corruptor fuerza a la oposición a hacer lo mismo bajo el riesgo de caer en la irrelevancia si cumplen con las normas. Hasta el público pide que violen las reglas porque los otros las están rompiendo. Se podrá alegar que la ley es barroca y restrictiva, pero sucede que se redactó así para complacer a quienes perdieron en el pasado, es decir el hoy presidente y su movimiento.
El ejemplo que debe emanar de las autoridades se convierte en incitación a la ilegalidad. El riesgo no es menor, pues las violaciones acumuladas ponen en peligro la legitimidad de la elección presidencial.
En última instancia, lo grave del efecto corruptor es que permea todo y atenta contra la legalidad como fundamento de nuestro pacto democrático.
POR VERÓNICA ORTIZ
COLABORADORA
@veronicaortizo
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