Ahora que llega a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Marath Bolaños tendrá que poner atención en las firmas que componen el Registro de Prestadores de Servicios Especializados (REPSE)
La alarma no es menor, ya que dicho documento fue creado en la dependencia para evitar abusos de subcontratistas con sus trabajadores, como es el caso de las denuncias contra Gott und Glück, que es parte del REPSE y se encarga del aseo en la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz.
Me explico: En los últimos días, los afanadores de la firma describieron en un documento enviado al director general de Inspección Federal del Trabajo, Fernando Jordán Siliceo, que no han sido afiliados al IMSS, de Zoé Robledo.
Adjunto al desglose del caso añadieron constancias donde se da cuenta de su baja ante el IMSS, pero eso no es todo, también estaría que no signaron contratos individuales, ni les brindan los respectivos recibos de nómina cada quincena. El pasado de Gott und Glück está plagado de irregularidades por sus lazos con Enrique Gómez Mandujano, al considerar que se ostentó como proveedora de la FGR una vez que tumbó a la empresa anterior de la mano del Órgano Interno de Control, de Arturo Serrano Meneses, por una inconformidad cuyo proceso fue atípicamente veloz, según diversas voces.
Así, no han tardado en registrarse las primeras quejas luego de que la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (UNITYEL) denunció desde marzo que estaban en falta frente al IMSS, aunado a que la empresa no tendría permisos de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina para disponer de los desechos generados en la FGR.
LA RUTA DEL DINERO
El 16 de junio, la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai anunció la solicitud para iniciar una revisión de la situación laboral en la mina San Martín, operada por Industrial Minera México en Zacatecas, todo esto en el marco del T-MEC. La minera informó al mercado bursátil que dicha petición es resultado de gestiones de Napoleón Gómez Urrutia con apoyo de sus socios, la estadounidense Steel Workers.
El líder minero presentó dicha queja con dos motivos: crear y mediatizar un nuevo pretexto para ignorar el laudo definitivo que lo condena a pagar 55 millones de dólares, más rendimientos acumulados desde 2005, a extrabajadores mineros de Cananea. Segundo, mostrar que es capaz de generar conflictos y presionar para obtener un nuevo espacio político, al término de su periodo como legislador, y mantener así el respectivo fuero que lo protege de acciones legales derivadas de las imputaciones de incumplimientos y delitos que enfrenta.
El levantamiento de la huelga se dio luego de que la mina estuvo cerrada más de 11 años, y tras la decisión mayoritaria de sus trabajadores, quienes en agosto de 2018 renunciaron a la representación del sindicato minero para reincorporarse de inmediato a sus puestos de trabajo.
POR ROGELIO VARELA
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