La división de poderes tiene como objetivo que la potestad del Estado se distribuya entre varias instancias para evitar que un poder invada las esferas de competencia atropellando a los otros, o que exista una gran concentración de atribuciones en uno solo. Al respecto, el artículo 49 Constitucional prevé que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Si no existe respeto entre los tres poderes y sin el debido contrapeso, la democracia es imaginaria.
Actualmente, en México, el Poder Legislativo está al servicio del presidente de la República, existe una subordinación total pues es él quien gira las instrucciones a los diputados y senadores del partido oficialista en el Congreso de la Unión con la finalidad de que sus caprichos y ocurrencias carentes de fundamento legal se cumplan tal y como lo pudimos observar durante la aprobación, hace unos meses, de un paquete de reformas sin que se respetara el proceso legislativo.
Es en este momento cuando la autonomía del Poder Judicial de la Federación cobra más importancia pues haciendo valer la Constitución y la ley ha logrado frenar la voluntad del inquilino de Palacio lo que por razones obvias no lo tiene nada contento.
No es casualidad que López Obrador tenga la intención de que los tribunales de justicia estén integrados principalmente por aliados morenistas aunque no tengan experiencia y además exista conflicto de intereses en muchos de los casos. A él lo único que le importa es eliminar los contrapesos del Ejecutivo, su finalidad es tener el control absoluto del poder encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y así poder violar nuestra Carta Magna y las leyes con toda ligereza y sin ningún obstáculo.
En Cuba, Nicaragua y Venezuela por ejemplo, el Poder Judicial es controlado por el Poder Ejecutivo, son unas dictaduras y los dictadores se perpetúan en el poder. Definitivamente la concentración del poder en una persona no resuelve los problemas sociales ni acaba con la inseguridad y mucho menos genera más inversión y empleos, al contrario. En las dictaduras no existe el Estado de Derecho y las violaciones a los derechos humanos son una práctica sistemática. ¡Debemos evitar que México se convierta en una dictadura!
POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO
SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PAN
@MARIANAGC
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