Con la cancelación de 35 Normas Oficiales Mexicanas vigentes, nuestro país se despide, por tiempo indefinido, de la posibilidad de contar con un sistema de salud como el de Dinamarca, tal como lo ha prometido hasta la saciedad el presidente López Obrador, desde que era candidato.
De entre todos los desastres causados por este gobierno el que más lastima, ofende y duele a la ciudadanía es el del sector salud. El desmantelamiento del Seguro Popular y la creación del infame INSABI, ahora desaparecido, destruyeron por completo nuestro sistema de salud en el peor momento, cuando la pandemia causó una escalada de muerte y dolor que el gobierno no pudo contener y que debió haber evitado.
Este gobierno, que en los discursos se dice humanista, ha resultado uno de los más inhumanos de nuestra historia, cancelando en los hechos el derecho constitucional a la salud, que el Estado debería garantizar. Estamos ante una renuncia más a una función sustantiva de nuestro Estado nacional: primero fue la seguridad, luego la educación y ahora la salud.
Las Normas canceladas comprendían procesos de vigilancia y control de enfermedades como diabetes mellitus, obesidad, cólera y enfermedades epidemiológicas. Con la cancelación se afecta también la atención a la salud mental, a las adicciones, la lactancia, la salud materna, las enfermedades bucales, la hipertensión arterial, la tuberculosos, la lepra, la promoción de la salud escolar y el tratamiento de diversos tipos de cáncer. Esta cancelación afecta a la población más vulnerable, esa que el gobierno dice tener como prioridad.
La decisión gubernamental, basada en falsos supuestos ideológicos, tendrá impactos importantes y graves en el ejercicio de la profesión médica. El gobierno ha decidido anular los marcos de referencia fundamentales y los protocolos de atención médica, lo que garantizaba la seguridad de las personas y daba certeza en los procesos de arbitraje médico y de protección legal de las personas. Además, se afecta la calidad de los servicios médicos, desde la fase diagnóstica hasta la de tratamiento, generando riesgos adicionales para las y los pacientes.
Las normas eran el resultado de las mejores prácticas internacionales y cumplían cabalmente con los últimos avances de la comunidad científica. Su creación había sido el resultado de esfuerzos extraordinarios e históricos que tenían como objetivo prioritario mejorar la salud de la población.
La respuesta gubernamental, como en tantos otros casos, ha sido cínica, desafortunada y cruel. Fue el emisario principal y actor favorito de este gobierno quien declaró que “no se necesita tener normas oficiales para regular la prescripción y el diagnóstico de cada una de las enfermedades”. En este, como en tantos otros casos, no ha dado la cara el secretario de salud, sino Hugo López-Gatell, quien ya ha sido bautizado como el Dr. Muerte.
El caso del Dr. López-Gatell, por el pésimo manejo de la pandemia ha sido motivo de al menos diez denuncias, lo que llevó a que un Juez ordenara que se investiguen a fondo sus posibles responsabilidades criminales. Sabemos que, en este caso, como en tantos otros, habrá impunidad garantizada por instituciones de procuración y administración de justicia que se han subordinado a los imperativos presidenciales.
La destrucción del sistema de salud, como el de tantas otras instituciones y organismos gubernamentales que fueron resultado de esfuerzos titánicos, parece obedecer a la incapacidad presidencial para superar un pasado que a todas luces lo rebasa. El Seguro Popular, iniciado durante la administración de Vicente Fox y fortalecido por el gobierno de Felipe Calderón, fue un logro de generaciones de profesionales comprometidos con cambios auténticos, que le dieron solidez al Estado.
Hoy, por culpa de resentimientos y odios presidenciales, tenemos un sistema de salud que, como enfermo terminal, se debate entre la vida y la muerte. La reconstrucción de las instituciones y del Estado mexicano será tarea impostergable para quien tome la estafeta del gobierno; en caso contrario, las consecuencias de muerte y dolor serán pagadas por todas y todos, ante las miradas omisas de autoridades cuya lealtad no está en México, sino en el apego y sumisión incondicionales a una sola persona.
POR GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE.
SENADORA POR BAJA CALIFORNIA.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE.
@GINACRUZBC
PAL