La (falta de) seguridad se perfila de nuevo como la principal preocupación de los mexicanos para el relevo presidencial en 2024.
Increíble, pero las próximas elecciones federales ya están a la vuelta de la esquina, tan sólo poco más de un año. Para muchos, los menos cínicos, el periodo de relevo es una oportunidad para cambio y esperanza.
Es momento de que los precandidatos comiencen a articular ¿qué harían diferente de ser electos? Desafortunadamente hay tanto por hacer, tanto por reconstruir y tanto por deconstruir, que los precandidatos (y eventualmente los candidatos) corren el riesgo de perderse en ofertas de seguridad tan amplias, que abarcarán poco en términos reales. En seguridad, intentar abarcar todo, es nada.
Aquí hay algunas ideas:
1. Fortalecer las capacidades tecnológicas, particularmente en cuanto a movilidad como en inteligencia, vigilancia y reconocimiento tanto de las Fuerzas Armadas (FFAA) como, en debida proporción, las Fuerzas de Seguridad. Debe haber una diferencia clara y escalonada entre las capacidades de cada una de éstas. Urge invertir en este sector y hacerlo con prácticas eficientes, para que los recursos se conviertan en inversión, no en gasto.
2. Seguir expandiendo y fortaleciendo a la Guardia Nacional (GN). Han invertido tanto en ella que no es momento para idear un nuevo cambio de paradigma con nuevas insignias y uniformes. Hay que darle oxígeno y tiempo para que cuaje. Lo peor que podría pasar es una iniciativa para una nueva institución que la reemplace. La GN debe estar como una fuerza híbrida, con alto poder de fuego, capacidades de inteligencia y cuadros formados por oficiales de carrera.
3. Iniciar el sexenio con un plan para retirar a las FFAA de labores administrativas y operativas del sector económico de una manera rápida. Las Fuerzas Armadas no tienen porqué ser administradoras y operadoras de aduanas, aeropuertos, puertos o ferrocarriles. No deben estar cerca de la administración de recursos financieros públicos. Poner a los militares en esta situación es irresponsable.
4. La seguridad pública es local, por lo que la solución debe de ser compartida con los estados y éstos con los municipios. Hay focos rojos en varias partes del país que requieren de la intervención de los tres niveles de gobierno, pero no es en todos los casos. La gente necesita acudir a las autoridades para solucionar las amenazas más directas. Hay cambios en estados, como Michoacán, en donde se creó una subsecretaría especializada para atender los casos de extorsión a la vez que se modificó el marco legal.
5. Hay que tener presente y articular que las políticas de mano dura, son espejismos de solución de corto plazo que llevan a esquemas de resentimiento y venganza con trascendencia histórica. El respeto a los DDHH debe de seguir siendo una prerrogativa del Estado.
6. Relanzar la cooperación global en cuanto a intercambio de información e inteligencia, particularmente con EU, UE, Colombia y Centro América. Se necesitan estructuras de enlace con y en múltiples países y regiones para que fluya la cooperación.
Para articular una propuesta de seguridad coherente se necesitan mucho más que seis puntos, pero pueden ser los de inicio.
POR IÑIGO GUEVARA MOYANO
DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA DE INTELIGENCIA JANES Y ACADÉMICO VISITANTE DEL ATLANTIC COUNCIL, EN WASHINGTON, D.C.
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