Hoy en día, como en el pasado son muchos los ataques que sufre el comercio popular; está en la mira de la delincuencia organizada, de políticos que los buscan para llenar sus mítines, de empresarios que como sea buscan encasillarlos como delincuentes, acusarlos de evasores de impuestos, así como de funcionarios públicos que los ven como una mina de oro.
Otros más, desde las cúpulas del poder buscan desaparecerlos, desterrarlos con operativos policiacos por demás agresivos. Los granaderos, si esos que afirman que no existen, no les importa agredir, golpear, fabricar delincuentes y mucho menos robar su mercancía a jovencitas, ancianos, madres solteras, a personas con capacidades diferentes.
El comercio en el espacio público para algunos sectores de la sociedad es odiado, para otro apreciado. Es decir, está entre el amor y el odio.
Lamentablemente el vendedor popular es extorsionado por funcionarios tanto del Gobierno de la Ciudad de México como de las 16 alcaldías, la gente empleada en este sector también es discriminada, sobajada, criminalizada, agredida verbal y físicamente.
Pero no solamente eso, sino también son violentados sus derechos humanos con operativos policíacos en su contra ordenados desde las oficinas de la Subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, que encabeza Dunia Ludlow Deloya.
Ante esto, los dirigentes como vendedores en el espacio público han demandado una ley que los regule, una ley en la que deben tener obligaciones como derechos.
Pero nadie le quiere entrar, tienen miedo de matar a la gallina de los huevos de oro.
Por todo lo anterior, insisto, es necesaria una Ley que regule el comercio en el espacio público, mientras no haya una estructura institucional y legal para reconocer los derechos y obligaciones para los comerciantes en el espacio público con el cual se les de´ certeza jurídica se les tendrá en una zona gris, a merced del crimen organizado y la extorsión institucional. Los vendedores solo buscan el sustento de sus familias.
Desde hace ya tres años nueve meses, la activista social Diana Sánchez Barrios presento´ el uno de septiembre del 2019 una iniciativa de Ley ciudadana denominada coloquialmente “Chambeando ando”, el respaldo a esta acción fue de ma´s 40 mil firmas por eso se le dio el carácter de preferente.
Sin embargo, por intereses políticos y de otra índole la mandaron a dormir el sueño de los justos, es decir no fue tomada en cuenta.
Es por eso que en breve presentare´ una nueva iniciativa que regule el comercio popular.
Sobre los operativos policiacos, insisto, pedimos que estos acaben, pues son arbitrarios, además decomisan la mercancía la cual cuando la entregan no llegan completa, la rasuran, un alto porcentaje desaparece.
Por si fuera poco, en dichos operativos para retirar al comerciante de las calles le fabrican delitos por lo cual gente inocente, trabajadora y honesta termina en la cárcel lo cual no es justo.
Es por eso que pedimos, el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la capital en estos operativos, que supervisen la entrega de la mercancía que se les quita, es decir que la devuelvan de forma inmediata y completa. Pero además, que no se les agreda físicamente pues su único delito es trabajar decentemente.
Por otro lado, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la Ciudad de México, cuenta con 168 mil comerciantes en el espacio público, sin embargo, especialistas como Tania Espinoza Sánchez coordinadora para la Ciudad de México de Wiego (Mujeres en Empleo Informal, Globalizando y Organizando) afirman que hay ma´s de dos millones.
A pesar de que el comercio popular aporta 24 pesos de cien al Producto Interno Bruto de este país, de acuerdo con cifras preliminares de la Medición de la Economía Informal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía es visto como un cáncer.
Por desgracia, las autoridades no quieren darse por enteradas pero el trabajo en el espacio público genera empleos y funciona como una válvula de escape ante la falta de la creación de políticas laborales, además la economía informal produce un cuarto del total del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
La mayoría de las personas vendedoras constituyen la principal fuente de ingresos de sus hogares, traen el alimento a sus familias y pagan los gastos escolares de sus hijas e hijos. Estas personas trabajadoras en el empleo popular tienen fuertes vínculos con la economía formal pues es un importante medio de distribución de la producción de muchas empresas, que se ven beneficiadas por la introducción de sus productos generados formalmente en el mercado.
Sin duda, la actividad económica generada a trave´s del comercio popular contribuye al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza.
POR SILVIA SA´NCHEZ BARRIOS
DIPUTADA LOCAL DE LA CDMX
@SILVIASANBARR
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