Cuando era niño me tocó vivir en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Que me acuerde, había dos posibilidades:
1. Como el trabajo de mi papá, de comandante de la policía federal, disponía cambios de residencia, en lo que encontrábamos casa nos hospedaban los militares; o,
2. Cuando mi papá, por sus funciones, se encontraba bajo amenaza por el crimen organizado.
No había recordado esta situación que, desde la visión de un niño, nunca fue incómoda y hasta me sentía orgulloso -todavía lo estoy de los defensores de la patria-, hasta ahora que nos enteramos en las noticias de que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, decidió resguardarse en un cuartel militar tras haber recibido amenazas.
Se especula en los pasillos que se puede tratar de un show mediático, ya que las amenazas, se podrían considerar más vinculadas directamente con los mandos policiacos y de proximidad que con la autoridad municipal. No obstante, lo cierto es que los datos en la entidad, en materia de actividad criminal, son poco alentadores.
A nivel nacional, en lo que va del año y hasta el 31 de mayo, se han registrado 905 mil delitos del fuero común. De estos, 10,597 son homicidios dolosos y, el 8 por ciento, sucedieron en Baja California. Además, este lunes 12 de junio, fue uno de los más violentos con 95 asesinatos, 14 de ellos en el estado.
Asimismo, de acuerdo con el índice de competitividad estatal 2023, subíndice derecho, que mide la seguridad pública ligada a la calidad de vida de los ciudadanos, Baja California se encuentra en el lugar 29 de 32, retrocediendo cuatro espacios y teniendo la tasa de homicidios más alta después de Colima.
Pero no todo es mala noticia. En el índice general de competitividad, el estado se encuentra en el top 10, subiendo tres posiciones y sobresaliendo en calidad de vida de los habitantes y apertura internacional. También, el gobierno de Marina del Pilar, acaba de reportar actividad positiva en materia de seguridad: aumento en un 87 por ciento en decomisos de droga, de armas, la detención de más de mil cien probables delincuentes y más de 200 mil habitantes beneficiados con acciones comunitarias, entre ellos, niñas, niños y adolescentes.
En este contexto, el mensaje que se lanza a la ciudadanía, con el acuartelamiento, es poco afortunado, ya que si la autoridad local no se siente segura en su territorio, qué podemos esperar las y los ciudadanos de a pie, ¿se van a implementar medidas eficaces para garantizar la paz?
Acciones que tendrían que ir de la mano, con la decisión de salvaguardar su seguridad personal y familiar. ¿Usted que haría? Yo, pues ya conozco la vida en el cuartel, por lo que sería importante un contrataque con políticas públicas pensadas, no improvisadas y medibles. En nuestro estado hay perfiles capacitados para responder. Aunque claro, siempre es más sencillo hablar desde la barrera.
POR JOSÉ LUIS AYOUB
COLABORADOR
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