Pocas veces con claridad similar se actualiza el dicho “hecha la ley hecha la trampa” como sucede en la materia electoral que, por estos días, se actualiza en la adelantada sucesión presidencial.
Iniciada la segunda semana de junio de 2021 con el llamado “destape de las corcholatas” desarrollado en Palacio Nacional, el presidente López Obrador abrió su propia sucesión, con la ventaja de mantenerla bajo control hasta que la primera semana de mayo pasado, registró el inicio del desbordamiento.
El llamado de Mario Delgado, en su calidad de dirigente de partido y cada vez de manera más clara en acuerdo con el líder moral, consistió en esperar a concluir las elecciones del 4 de junio y reforzar la campaña de Coahuila. A regañadientes unos ganando tiempo, otros aceptaron la postergación.
Sin embargo, el 5 de junio, la sucesión inició políticamente con la cena de El Mayor. El recuento, bien conocido, vale la pena recordarlo para explicar lo que se está viviendo hoy, respecto a la corriente oficialista pero también frente a la actuación de las oposiciones.
Porque ese mismo día, las oposiciones definieron su preacuerdo de coalición, reivindicando lo que en enero habían proyectado hacia las elecciones de 2024 y fijando para el 26 de junio, el método que habrán de seguir y sobre el cual se espera haya concenso el próximo miércoles.
En los hechos, la anticipación de cuando menos de un semestre, coloca a Morena y aliados, del mismo modo que a las oposiciones, en desafío a las disposiciones constitucionales y de la legislación electoral.
Y es que, a estas alturas, nadie puede negar que el espíritu del legislador quiso fijar plazos de construcción de método conforme a estatutos partidistas, plazos para la realización de procesos internos similares a las primarias y un período de campaña breve para evitar la promoción anticipada a quienes ostentan un cargo público, el uso de recursos y la inequidad en las contiendas electorales.
Ceñirse a los plazos es la ley, pero construir un método con anticipación para elegir ya sea el Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, o bien, una figura equivalente como hizo el priísmo mexiquense a finales de 2022, es la trampa.
Una trampa válida por no estar prevista en la ley, toda vez que en el contexto, no existe manera de sancionar la promoción electoral que de hecho es la figura simuladora de una coordinación.
Las medidas cautelares dictadas por el INE ayer viernes, sólo confirman el discurso de la simulación. Son medidas que fueron respuesta a las acciones del PRD y otros partidos, que ahora deberán enfrentar los mismos dilemas de promoción anticipada para no ser incongruentes.
Es decir, siendo el PRD integrante de Va por México, fue quien demandó la intervención del INE mientras en su propia mesa política con el PRI y con el PAN, discute sobre la legalidad de las acciones que promoverán para no quedarse tan atrás frente a Morena.
Dicho en otras palabras, lo que Va por México discute es cuál será su trampa.
Cierto es que la política evoluciona y con esta debe evolucionar la ley, pero esa ley es por ahora vigente aunque está en duda su positividad, esto es, su aplicación.
Mientras eso sucede, la realidad política se convirtió en rasero en el que, a la luz de los hechos, todos son tramposo, tan iguales en su pretendida diferenciación.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
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