Ante las terribles cifras de homicidios y los irrefutables hechos de violencia captados en vídeo y difundidas a nivel internacional, al presidente no le ha quedado más que aceptar lo evidente: “sus otros datos” son una falacia y la inseguridad se encuentra sin control como resultado de su fracasada “estrategia”.
En días pasados fue mostrada a la opinión pública la ejecución extrajudicial llevada a cabo en la ciudad de Nuevo Laredo por parte de elementos del Ejército nacional, quienes, además de cometer presuntamente el delito de homicidio doloso, alteraron la escena de los hechos y armaron todo un montaje para encubrir los criminales hechos, presuntamente cometidos por ellos mismos.
Lejos de servir para contener la violencia, la “estrategia” de esta administración ha profundizado una crisis de derechos humanos, no solamente en la mencionada ciudad fronteriza, sino en otros lugares de la geografía nacional.
En el video, se acredita todo lo que hemos dicho sobre la obsesión del Presidente en militarizar las acciones en materia de seguridad pública. Tal y como lo hemos reiterado, los militares no tienen formación para fungir como policías. En efecto, en las imágenes mencionadas, todos somos testigos que, lejos de desarrollar una conducta para contener la violencia y realizar un aseguramiento de las personas aplicando la ley de uso de la fuerza, los soldados hicieron aquello para lo cual están preparados, abatir al adversario.
Ante la persistente crisis de inseguridad que todos los días nos presenta acontecimientos, tales como ejecuciones, desaparición de personas, tomas de carreteras por grupos criminales, homicidios, ejecuciones colectivas, entre muchos otros, resulta más que evidente que este gobierno se encuentra superado y es víctima de su propia irresponsabilidad.
Desde el principio de su gestión, ante el asombro de propios y extraños, el Presidente, enarboló la práctica de repartir abrazos al crimen organizado, quien aprovechó todo el margen de maniobra que se le brindó para organizarse, apertrecharse, consolidarse y desplegar nuevas actividades criminales.
Y las cifras lo demuestran: En lo que va de su administración se han registrado más de 156 mil homicidios dolosos, superando las cifras de los gobiernos anteriores. Ubicándose como el sexenio más violento de la historia moderna y aún falta un año para que acabe.
Respecto del delito de desaparición de personas por particulares, México vive una situación dramática. Además de que suman más de 110 mil víctimas directas de acuerdo con cifras oficiales, las autoridades han sido insensibles y distantes al dolor y desesperación de las familias buscadoras, cuyos miembros muchas veces también terminan siendo víctimas de homicidio.
En esta administración ya se alcanzó la cifra de 16 mil 706 muertes violentas de mujeres, sin que el fenómeno de violencia en contra de las mujeres sea considerado en los hechos como una de las prioridades de atención. En el mismo sentido, se ha dado una escalada en los años de la 4T en materia de violación y del delito de trata de personas.
Otra tragedia que enfrentamos los mexicanos en materia de seguridad es la crisis de extorsiones, delito que avanza desbocado y del que prácticamente todos hemos sido víctimas. La acción del gobierno, totalmente inexistente.
De acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado, recientemente publicado, México ocupa el cuarto lugar mundial de 193 con presencia del crimen organizado, ubicándose sólo por debajo de la República del Congo, Colombia y Myanmar. La situación que presenta el país es grave, puesto que se considera que tiene altas tasas de criminalidad y baja resiliencia ante el delito. En Estados Unidos, el jefe del Comando Norte ha señalado que el crimen organizado controla entre 30 y 35% del territorio de nuestro país.
Ante el desolador panorama descrito, parece que los mexicanos nos encontramos solos y a merced del crimen, con un gobierno ineficaz, ignorante de lo que tiene que hacer y lleno de pretextos.
En el Grupo Parlamentario del PAN de la Cámara de Diputados hemos presentado iniciativas para fortalecer la institucionalidad indispensable en la materia, robustecer y reconocer a nuestras instituciones de seguridad y recuperar capacidades perdidas, así como reconocer y brindar apoyos económicos a los policías de los tres niveles de gobierno. Proponemos, entre otras medidas, la reposición del FORTASEG en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024.
Nuestras propuestas son integrales y cubren todos los tramos de la materia: prevención, inteligencia, investigación policiaca, participación ciudadana incluso en el proceso penal, respeto a derechos humanos, proceso penal, soluciones alternas, recuperación de activos, combate al crimen organizado. Sólo con una visión integral podremos hacer frente a este mayúsculo reto.
JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR GPPPAN
@JorgeRoHe
MAAZ