Para los gobernadores que llegaron al puesto con los nuevos fiscales en vez de procuradores, no ha sido fácil la relación. Entre los morenistas, ahí está el caso Veracruz y más recientemente Sonora y Oaxaca. En Jalisco, el fiscal cambió hace poco más de un año. Ahora, el caso Nuevo León hace que la revisión al modelo de las fiscalías estatales se haga lo antes posible, para evitar que en beneficio de un bando o de otro, las oficinas encargadas de la persecución de delitos estén cooptadas por uno o varios grupos políticos.
Samuel García Sepúlveda acudió a la Ciudad de México a solicitar apoyo para remover del cargo a Pedro Arce Jardón, quien ni siquiera fue electo como fiscal, pero que ejerce como encargado del despacho desde octubre del año pasado, cuando Gustavo Adolfo Guerrero renunció por el manejo que se le dio a la muerte de la joven Debanhi Escobar.
En su lugar quedó Arce, a quien señalan como un hombre cercano a los mandamases del PRI y del PAN en Nuevo León: Francisco Cienfuegos y Zeferino Salgado. Se sabe que además de mantener una relación de amistad de años con Cienfuegos, Arce fue empleado de Adrián de la Garza, procurador en los tiempos de Rodrigo Medina, último alcalde priista de Monterrey y quien perdió la gubernatura en las elecciones frente a Samuel García.
El gobernador arguye que Pedro Arce ha realizado actos que han intentado paralizar a la administración pública, así como ha buscado inventar delitos respecto a funcionarios públicos y ha perdido la autonomía, imparcialidad, profesionalismo y objetividad que debe de tener en la conducción de sus actividades.
Y en efecto, hay varias investigaciones en marcha contra funcionarios cercanos al gobernador e incluso contra el actual líder de Movimiento Ciudadano en Nuevo León por un homicidio.
Pero en ocasiones, remover a un fiscal no es nada fácil. Ahí está el caso de Cuauhtémoc Blanco con Uriel Carmona Gándara. Aunque tuvo el aval federal, todavía la semana pasada, el gobernador morelense le insistía al congreso que lo destituyera.
En Nuevo León las cosas podrían empantanarse como en Morelos, porque el Congreso lo controlan PRI y PAN. Pero quizá lo que Samuel consiga es que la Fiscalía General de la República lo apoye presionando a quienes controlan la fiscalía local. Se sabe que la FGR tiene indagatorias contra Cienfuegos (quien fue delegado del PRI para las elecciones en Coahuila) y podría apretar todavía más. Incluso, a finales de mayo, solicitó a la Fiscalía de Nuevo León informes sobre Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador de 2009 a 2015. No se sabe si se cumplió con el requisito, al estar controlada por sus incondicionales.
Algún bando tendrá que ceder, aunque no con las mejores formas. Pero urge una reforma para que las fiscalías rindan cuentas, sean realmente autónomas, haya transparencia en el nombramiento, ratificación y remoción de titulares y sobre todo, que realmente sean efectivas a la hora de perseguir delincuentes y delitos. O seguiremos hablando de puros líos.
CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@carloszup
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