En esta semana atestiguaremos una nueva cresta migratoria que pasará por México hacia Estados Unidos.
El incremento será de tal magnitud, que las autoridades de ese país calculan que el promedio de detenciones por día en la frontera pasará de seis mil a 10 mil, un aumento que, además de ser superior a 50 por ciento, llevaría al promedio diario de detenciones a un nivel nunca antes registrado.
La expectativa se debe a que el 11 de mayo concluirá en la Unión Americana la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que dejará sin efecto la aplicación del Título 42 de la Ley Federal de Salud que se puso en marcha desde 2020, durante la Administración de Donald Trump, y que ha permitido al gobierno de Estados Unidos rechazar de manera expedita a alrededor de 2.5 millones de solicitantes de asilo.
Aún cuando la cancelación de esta medida no modifique de fondo la política migratoria estadounidense, porque de cualquier forma buscarán rechazar lo más rápidamente posible a quienes lleguen, por lo pronto se convierte en un aliciente automático para los migrantes de Centro y Sudamérica, quienes han mantenido muy altos los flujos ambulatorios desde hace al menos dos años.
Para dar una idea de cómo se ha incrementado la migración desde 2020, hay que recordar que en todo ese año las autoridades de Estados Unidos realizaron 458 mil detenciones en la franja fronteriza, en tanto que en los primeros cuatro meses de 2023 ya superaron las 700 mil.
México, como territorio de paso de la inmensa mayoría de los migrantes del continente que quieren llegar a Estados Unidos, también debe prepararse para dar atención a los crecientes flujos migratorios, lo que tendrá que hacer al menos en tres vertientes: los migrantes que entran a nuestro país y que intentan atravesarlo para tratar de llegar a la Unión Americana; los solicitantes de asilo, cuyo número ha crecido de manera consistente en los últimos tres años; y los migrantes a los que México se ha comprometido a recibir y acoger mientras Estados Unidos resuelve sus peticiones de asilo.
En un gesto significativo, nuestro país vecino se comprometió, por su parte, a incrementar en 100 mil las visas temporales para nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador, y a que recibirá, por razones humanitarias, a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que lo soliciten por vía remota. Ambos países acordaron, además, combatir a tratantes y traficantes y abrir más vías legales para la migración ordenada.
Al margen de las responsabilidades que se derivan de estos frentes de actuación para ambos países, a estas alturas debe asumirse que el gran eje rector en esta nueva oleada migratoria debe ser el respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes en México y Estados Unidos.
Ningún país está obligado a aceptar a quienes llegan a su territorio si no es su voluntad, lo que es comprensible y forma parte del ámbito soberano de las naciones, pero ningún Estado está exento de la obligación de garantizar los derechos humanos de los migrantes.
POR MAURICIO FARAH
SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SENADO
@MFARAHG
PAL