Sin ciencia y tecnología no hay desarrollo. Sin la participación de todos los sectores de la sociedad que pueden impulsar el desarrollo científico y tecnológico de un país, esa nación se estanca y se empobrece. Pierde energías vitales para afrontar sus retos económicos y sociales. Sin la participación de las universidades, centros de investigación, asociaciones científicas y tecnológicas, empresas, y desde luego de los gobiernos (a nivel nacional, estatal y municipal) ningún país del mundo ha logrado desarrollarse. La falta de innovación científica y tecnológica es uno de los principales determinantes de la pobreza y el subdesarrollo.
Claro, a los gobiernos nacionales (poder ejecutivo y legislativo), les corresponde definir un modelo de desarrollo científico y tecnológico que mejor se acomode a sus necesidades y capacidades. Pero no hay atajos: sin la participación efectiva de los actores involucrados, es previsible un desastre público de grandes proporciones. Por ejemplo, ocurre cuando los hombres elaboran leyes sobre igualdad de género sin la participación de las mujeres, o cuando las políticas educativas se imponen sin tomar en cuenta a los maestros y expertos en educación.
Según el Índice Mundial de Innovación 2022, todos los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia, Suiza, Dinamarca o Japón son potencias en innovación científica y tecnológica. Pero también hay un grupo de países que han logrado impulsar su desarrollo en las últimas décadas, entre los que están China, India, Corea del Sur, Singapur, Australia, Nueva Zelandia, Finlandia, Noruega, Israel, Viet Nam y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, apostándole a la innovación científica y tecnológica. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf
No hay secreto. Además de haber establecido políticas públicas claras y de largo plazo en materia económica y social, con las que han alcanzado gran estabilidad, todas esas naciones han unido a las instituciones gubernamentales encargadas de promover la innovación, a las universidades y centros de investigación, y al sector privado, para lograrlo. Han evitado la discriminación, las exclusiones premeditadas, los autoritarismos, y la centralización de sus políticas científicas y tecnológicas en manos de una sola persona. De esa manera, han extendido gradualmente a sus poblaciones los beneficios de la ciencia y la tecnología.
El pasado 30 de abril los senadores del partido mayoritario y sus aliados, saltándose los procedimientos parlamentarios inscritos en la Constitución, aprobaron nuevos ordenamientos, entre otras una nueva “Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”, que adolece de todos los defectos mencionados. El nuevo ordenamiento se elaboró sin la participación efectiva de las universidades e instituciones científicas y tecnológicas. También se excluyó no sólo al sector privado y a los gobiernos estatales, sino al resto de las dependencias del gobierno federal que inciden en el desarrollo científico y tecnológico del país. Su nuevo Consejo elimina la participación de las principales instituciones científicas y de innovación tecnológica nacionales.
Es un ordenamiento autoritario que contradice el inciso V, del artículo tercero constitucional, que fue enmendado en 2019, es decir al inicio de la presente administración y por los actuales senadores, que estipula, entre otras cosas, que el estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información científica que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. El texto aprobado impone. No dispone ni coordinación ni vinculación efectiva con las universidades y centros de investigación, y en su elaboración no se permitió la participación efectiva de nadie, excepto la de sus autores, sin conciencia del enorme daño que están haciéndole a todo el país.
Los estados parte del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (PIDESC), al que México se adhirió en 1981 y que, conforme al artículo primero constitucional, tiene el mismo nivel que la propia Constitución, por lo que está por encima de leyes secundarias, deben empeñarse en la aplicación gradual de los derechos reconocidos en el mismo, creando progresivamente las condiciones que hagan posible su disfrute efectivo. Pero los estados no pueden hacer regresivos esos derechos. No pueden negarlos mediante nuevas leyes. https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr_SP.pdf
El texto aprobado por los senadores de la mayoría contradice lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 3 del PIDESC, que dispone respetar “la indispensable libertad de investigación científica y para la libertad creadora”. También es abiertamente discriminatorio en contra de las universidades y centros de investigación privados, porque los excluye de sus beneficios, violando la constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el PIDESC y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por las Naciones Unidas, incluyendo a nuestro país, en septiembre de 2015.
Uno de los estándares definidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para determinar si un estado ha cometido una posible violación de tratados internacionales de derechos humanos (como el PIDESC), es si existe un grupo de población plenamente identificable cuyos derechos humanos se ven afectados por leyes, políticas y decisiones de ese estado. En este caso hay claras afectaciones a los derechos humanos de un grupo perfectamente definido de nuestra población: los estudiantes, profesores e investigadores de todas las universidades y centros de investigación y, en particular, de las instituciones privadas.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS ES PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY
@MIGUELRCABANAS
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