La izquierda latinoamericana siempre ha fantaseado sobre alianzas políticas con el nacionalismo militarista. Y esa fantasía izquierdista parte de supuestos, ciertos o no, acerca de quiénes son y a quiénes le sirven las instituciones castrenses. El problema es que la concepción castrense de nacionalismo, entendido como defensa del territorio nacional, no necesariamente coincide con la idea izquierdista de nacionalismo, que se refiere a una ideología soberanista de la gestión política.
Los estamentos militares están educados en un pensamiento nacional, sí, pero en el sentido de identificar y perseguir a los enemigos que amenazan la integridad del territorio nacional. En un momento histórico los enemigos a derrotar pueden ser agresores o invasores foráneos, mientras en otro pueden ser promotores de ideas “antinacionales” como el comunismo o el anticapitalismo, al igual que ideas libertarias sobre la diversidad sexual o grupos armados y financiados con recursos de origen ilícito, como el narcotráfico. Su fundamento ideológico puede definirse a partir de la tesis de seguridad nacional.
A través del tiempo los militares a veces han mezclado su nacionalismo territorial con nociones de economía autosustentable, pero siempre encuadrado dentro de la tesis de la seguridad nacional. En contraste con los ideales militares, la preocupación de la izquierda política siempre se ha centrado en la soberanía del poder político. La seguridad nacional nunca ha sido un tema que le incumbe. Es más, recibir apoyos, logística, adiestramiento y armas del exterior lo considera perfectamente compatible con su idea de promover los tipos de cambio que su país supuestamente requiere para asegurar su autonomía e independencia económica y política de las potencias hegemónicas exteriores.
Las alianzas tácticas o estratégicas de las izquierdas con los generales han pecado de cierta ingenuidad. Vienen a la mente los generales Alvarado, del Perú, Torres de Bolivia, Pinochet en Chile y el mismísimo Perón en Argentina. Sus acciones y pensamiento político siempre corrieron en paralelo, y nunca en necesaria concordancia, con sus aliados en partidos políticos de izquierdas o de movimientos sindicales y sociales. El pensamiento militar, aunque suene “soberanista e izquierdista”, es primero militar y siempre basado en la seguridad nacional. En segundo lugar es corruptible, pero dentro del estamento militar, donde los civiles son vistos con una combinación de desprecio por ser manipulables y menosprecio, que no es lo mismo.
Salvador Allende es probablemente el presidente de izquierda que mas se equivocó con los militares, y le costó la vida. Quizá no habría podido evitar el golpe de Estado, pero podría haber evitado tener a los generales en su gabinete mientras complotaron cómo derrocar al gobierno constitucionalmente electo. Pero es curioso que Evo Morales cometió el mismo error. La diferencia entre Allende y Morales es que aquel pensó que podía convencer a Pinochet de la validez de su proyecto de gobierno, mientras éste quiso comprar la voluntad de los generales con corrupción, siguiendo el ejemplo cubano y venezolano, quienes sabían cómo lograrlo exitosamente. Morales fracasó a pesar de haber permitido que los generales bolivianos se enriquecieran a costa del erario público.
Para la izquierda latinoamericana el gran “éxito” de Cuba, Venezuela y Nicaragua es haber logrado concretar y prolongar en el tiempo la alianza de sus regímenes cívico-militares. En los tres casos la clave del éxito fue corromper a la par a militares y civiles en los más altos mandos, a través de negocios emanados de sus tres gobiernos y con fuertes lazos al crimen organizado, no solo de drogas sino también de la explotación de recursos naturales, como el oro en Venezuela.
Mientras los intentos de la izquierda latinoamericana por forjar acuerdos duraderos entre civiles y militares han tendido históricamente hacia el fracaso, destaca el éxito en este rubro de las tres dictaduras. Y su longevidad se finca en la fuerza y continuidad de los estrechos lazos entre los grupos políticos civiles y los estamentos militares beneficiados con la corrupción. Y la eliminación de la alternancia en el poder, creando dictaduras prolongadas, tipo Somoza, Batista, etc.
La fantasía de López Obrador de construir esa misma relación de complicidad y dependencia entre civiles y militares corre el riesgo de caer en los mismos errores de presidentes de otras épocas. La gran diferencia entre civiles y militares es que los políticos son electos por períodos constitucionalmente limitados de poder mientras los militares son, por definición, instituciones estables, permanentes y de larga estancia en la carrera con relevos generacionales que asumen la batuta, con todo y sus intereses creados y compromisos adquiridos.
El éxito de las tres dictaduras es que los civiles duran en el poder tanto como los militares en sus mandos, y viceversa. Es decir, el éxito se basa en la extinción de la alternancia y la abolición de las elecciones libres. Bajo esas condiciones políticas, un régimen cívico-militar tiene altas probabilidades de prosperar. Sin esas condiciones, fracasará porque los poderes civiles tendrán que evolucionar en distintas vertientes y los militares no podrán contar con la certeza que sus negocios requieren para prosperar y no ser juzgados legalmente por sus actos de corrupción.
López Obrador está particularmente fascinado con el modelo cubano. Pero parece aceptar que es un modelo viable solamente bajo condiciones de una dictadura férrea. Combina elementos tomados de Venezuela: corrompe a los militares, cobijado bajo el manto protector del concepto de seguridad nacional para evitar la rendición de cuentas. Pero no se refiere al concepto fundacional de seguridad nacional para defensa del ámbito territorial, sino sirve como disfraz para encubrir la corrupción y es la justificación para no rendir cuentas sobre el uso abusivo del presupuesto público.
A pesar de la obvia disfuncionalidad del modelo cubano como régimen político en México, López Obrador quiere imponerlo en nuestro país. Su idea estriba en convertir a la institución castrense en el dique de contención a cualquier esfuerzo de la oposición por defender la libertad del voto y la alternancia en el poder. López Obrador necesita evitar la alternancia en el poder en el 2024 y hacia adelante, con el propósito de otorgar impunidad total a los altos mandos del Ejército evitando que sean procesados por corrupción bajo el siguiente gobierno. Así podrá funcionar el modelo político vene-cubano en México. Los mismos civiles deben permanecer en el poder el mismo tiempo que los mandos militares. La garantía dada a los militares es que no habrá alternancia. Al otorgar esa garantía a los militares, suena el fin de la democracia en México.
La continuidad de la 4T en el poder, con AMLO detrás del trono, es cuestión de vida o muerte para él. Los niveles de corrupción de Morena y las Fuerzas Armadas es de tal magnitud que la única opción que les quedaría si pierden el poder en el 2024 es ejecutar un golpe de Estado, por varias vías posibles.
En México suena el clarín, claro y sonoro. Y anuncia: del poder no me voy. Aunque me quiten, no me voy.
POR RICARDO PASCOE
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MAAZ