Los últimos días del periodo de sesiones del Congreso de la Unión cerraron una de las páginas más negras del parlamentarismo mexicano. No hay nada irregular en que cada gobierno promueva su agenda legislativa, la cual expresa sus prioridades. Lo que es del todo irregular, es la imposición de proyectos que destruyen la naturaleza misma del Parlamento, a partir de reformas ocurrentes y precipitadas con abiertos visos de inconstitucionalidad.
La oleada de impugnaciones a diversas leyes ya aprobadas por el Congreso, los reveses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ataques a nuestro máximo Tribunal son algo nunca visto. La parálisis infringida al INAI por el Senado mexicano muestra a todas luces la animadversión del gobierno por la transparencia y el intento de ocultar escándalos de corrupción cuyas dimensiones nunca habíamos visto.
Los más de 70 nombramientos pendientes del Senado han tenido que ceder ante las prioridades presidenciales. Los nombramientos de magistrados y de consejeros de la Judicatura Federal, tendrán que esperar, porque el fortalecimiento del Poder Judicial y la integridad de los órganos constitucionales autónomos son irrelevantes para este gobierno.
Las prioridades, de cara al cierre del sexenio han quedado claras: aumentar el monto de recursos asignados al Tren Maya, ya no sólo a partir de crecientes asignaciones presupuestales, sino quitándole a los Estados recursos indispensables para fomentar el turismo. Ocho de cada diez pesos dejarán de ser invertidos para la promoción y la infraestructura turística para alimentar el apetito ilimitado de un Tren ambientalmente inviable con sobrecostos estratosféricos.
El revés que ha dado la Corte a la militarización de la seguridad pública recibió como respuesta, además de una campaña de difamación y ataques interminables, la profundización de la militarización del país; ahora tendremos a los militares no sólo en nuestros aeropuertos, sino en el Consejo de Ciencia y Tecnología, en detrimento de la comunidad científica. La militarización, querámoslo o no, se está profundizando junto con la escalada de violencia y la impunidad de la que gozan los grupos criminales.
Desde que se anunció la desaparición del Seguro Popular, el proyecto de salud más ambicioso de nuestra historia, que beneficiaba a millones de personas y a sus familias, las y los legisladores de oposición denunciamos que la creación del INSABI era la crónica de una muerte anunciada.
Hoy, la historia nos ha dado la razón. La transición al sistema IMSS-Bienestar es un balde de agua fría para nuestro sistema de salud, cuyo colapso se profundizará ante un IMSS incapaz de absorber la demanda, con graves problemas financieros. La muerte del INSABI pretende cubrir, bajo el manto del olvido, el derroche de recursos, la corrupción sin límites, la incompetencia desmedida y la improvisación gubernamental.
Las y los productores del campo, así como las y los consumidores, hemos padecido las consecuencias de una política de apoyos inexistente para el campo, cuyos efectos visibles son los problemas de desabasto y la rampante inflación.
A los problemas de cartera vencida se ha sumado la ocurrencia de fijar precios de garantía, que merman de forma dramática las ganancias de quienes se dedican al campo. La desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero es un intento por cubrir el inmenso boquete presupuestal y el escándalo de SEGALMEX, cuyos números exorbitantes hacen palidecer a la mismísima “Estafa Maestra”.
La forma como el Congreso ha sido humillado llevará sin duda a la judicialización de las reformas aprobadas al vapor. La Corte, que sigue bajo asedio interminable, cuenta con precedentes importantes en materia de vulneración a una regla genérica (Acción de Inconstitucionalidad 110/2020); violación al proceso legislativo y vulneración de los principios de legalidad y libertad parlamentarias (Acción de Inconstitucionalidad 31/2019); y violaciones al proceso democrático (Acción de Inconstitucionalidad 83/2009).
Queda todavía la esperanza de que la Corte mantenga su dignidad y altura, resolviendo en contra de aquello que el Congreso de la Unión ha aprobado siguiendo las instrucciones de su auténtico jefe, que no son las y los mexicanos, sino el inquilino de Palacio Nacional.
La ominosa imagen de senadoras y senadores, subordinados al presidente, después de la reunión en la que recibieron instrucciones, y la posterior sesión en la clandestinidad, son el reflejo visible de un Poder cuya esencia, como contrapeso y equilibrio, ha quedado mermada de forma lamentable y tal vez de forma irremediable.
POR GINA CRUZ BLACKLEDGE
SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA
@GINACRUZBC
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