México enfrenta hoy la más grande crisis migratoria de su historia como resultado de decisiones unilaterales, desafortunadas e improvisadas. Con base en diagnósticos erróneos, que reducen la complejidad del fenómeno migratorio a causas económicas, el presidente López Obrador se ha dedicado a repartir dinero a diestra y siniestra, incluso a gobiernos autoritarios y represores que han causado violencia e inestabilidad política, dos causas importantes de las migraciones hoy en día.
El gobierno aceptó recibir hasta 30 mil migrantes mensuales procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, sin la posibilidad de ofrecerles seguridad y un trato digno, de acuerdo con nuestra legislación en materia migratoria y de asilo.
La política migratoria, que por ley y esencia debería ser humanitaria y segura, se basa hoy en la contención, la represión, la violencia y la criminalización de quienes migran.
La desaparición de la Policía Federal, como autoridad coadyuvante en materia de control migratorio, ha dejado un vacío inadmisible que se pretende cubrir con una Guardia Nacional que no ha sido preparada para atender a las personas que migran, lo que ha ocasionado lamentables hechos de violencia y la violación reiterada de los derechos humanos, en abierta contradicción con nuestra Ley de Migración.
México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para quienes aspiran a mejorar sus condiciones de vida o huyen de la violencia criminal y de la inestabilidad política. Se habla de más de 800 migrantes muertos tan solo en 2022, un número espeluznante que habla elocuentemente de la fragilidad institucional y de las erróneas decisiones de política migratoria.
El pasado 11 de mayo se dio por terminada la emergencia sanitaria y el Título 42, mecanismo que permitía expulsar de forma inmediata a migrantes que cruzaban sin permiso las fronteras. El Título 8, que actualmente se aplica, implica que las y los migrantes enfrentarán consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente, como son la expulsión y la imposibilidad de entrar a Estados Unidos durante los próximos cinco años.
Con el Título 42 los agentes fronterizos podían agilizar los trámites para procesar a los inmigrantes, incluido el procedimiento que permite que una persona solicite asilo.
Su aplicación duraba 10 minutos en comparación con la aplicación de la legislación vigente, que puede llevar horas. El Título 42 se había convertido en la política más eficaz para gestionar el alto número de cruces fronterizos sin provocar problemas de hacinamiento. Hoy esto ya no es posible.
Ante la aplicación del Título 8 se enfrentará el reto de gestionar un elevado número de inmigrantes de forma segura y ordenada, lo que México ya no es capaz de garantizar, como lo documentan los múltiples hechos en los que han muerto decenas de migrantes.
La desaparición y posterior rescate de 49 migrantes es la señal clara de que la política migratoria mexicana ha fracasado. Este fracaso es grave ante el creciente número de migrantes que serán liberados en comunidades fronterizas, las cuales padecen hoy una de las más severas crisis humanitarias que hemos vivido en México.
El Gobierno de México no tendrá una segunda oportunidad ante el fin del Título 42 y el agravamiento de la crisis migratoria: o cambia radicalmente su política migratoria o las y los migrantes que lleguen o atraviesen por nuestro país se verán sumidos en una profunda noche de violencia e impotencia.
No hay alternativa ante una Guardia Nacional que criminaliza civiles, con autoridades migratorias rebasadas o incluso cómplices de grupos criminales, con organizaciones de la sociedad civil impotentes por falta de recursos y con un gobierno cuyas prioridades no son la defensa y promoción de los derechos humanos, sino la consolidación de una dictadura transexenal corrupta e improvisada que en poco valora la vida humana.
Gina Andrea Cruz Blackledge.
Senadora por Baja California. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC
MAAZ