Ahora ya aclarado que la idea de la recolección de 1 millón de firmas para poder aspirar a la candidatura de la Alianza VaPorMéxico, no es, ni fue una propuesta del PAN, ni mucho menos una estrategia para favorecer ninguna aspiración en lo particular, sino tan sólo una idea muy desafortunada que surgió en las pláticas entre las dirigencias nacionales, vale la pena analizar el origen de ese dardo envenenado y de su viabilidad legal y política.
La idea tiene todos los rasgos de cuño príista, propia de una reunión con los 3 sectores de ese partido, es el viejo concepto de mostrar músculos a través de estructuras verticales como son la CTM, CNC y CNOP, que con dinero pueden aceitarse y recolectar las firmas, tal y como pregonaron liderazgos priistas que incluso ya tenían 2 millones. No en balde se dio el nado sincronizado de
suspirantes tricolores todos diciendo sí a las firmas la semana pasada, mientras Creel y el PAN se deslindaban de tal dardo envenenado de San Cosme.
A raíz de ese dislate, han surgido muchas voces, tanto de políticos como de la sociedad civil, que piden realizar un proceso de selección con una metodología que involucre a los ciudadanos que NO militan ni en el PAN, ni en el PRI, ni en el PRD, más allá de las encuestas a población abierta.
La idea de las firmas, además de tendenciosamente corporativa con marca de agua tricolor, es inviable legalmente, pues constituiría un acto anticipado de campaña si fuesen recabadas fuera de un proceso de precampaña abierto a los ciudadanos. A diferencia de la mirada de bardas y espectaculares de las corcholatas de MORENA, la recolección de esta NO permite deslinde alguno pues quien la recaba se beneficia directamente de su emisión y constituye un llamado directo al voto en un proceso interno y un apoyo de campaña.
El plazo razonable para la recolección de 1 millón de firmas sería de 4 meses con base en el precedente del Bronco, y eso en sí mismo no siendo candidatos independientes, excede el plazo constitucional de sólo 60 días de precampaña para los partidos políticos (11 diciembre 2023 al 8 de febrero de 2024), incluso excede le de los 90 días de las campañas (1 de marzo al 29 de mayo de 2024).
Recabar firmas ciudadanas de apoyo a una candidatura de un partido, antes del inicio del periodo de precampañas, sería no sólo ilegal, sino inconstitucional; y hacerlo sin la reglamentación necesaria para el control y transparencia de los recursos necesarios para tal pretensión, traería como consecuencia sanciones tanto al partido, como a los aspirantes, incluyendo la negación de su registro como candidato.
Ahora bien, aún en el supuesto de un proceso abierto que permitiese la recolección de firmas, más allá de la clara ventaja para los aspirantes del PRI, la propuesta entraña dos problemas adicionales. Primero, dicho método le permite a AMLO intervenir a través de Ariadna Montiel, los superdelegados y los siervos de la nación. De hecho, él ya ha expresado su predilección por un caso al pretender “destapar” corcholatas azules, con lo cual NADA le impediría vía Adán Augusto incidir ilegalmente aportando firmas “ciudadanas” en apoyo de alguna opción, esto con un enorme riesgo de la nulidad de todo el proceso o al menos de una candidatura por un segundo aspecto.
El de la fiscalización, pues al ser un proceso de precampaña todo gasto en efectivo o en especie, como el tiempo de voluntarios para la recolección de las firmas debería ser reportado y contabilizado. Cualquier omisión de tiempo de “voluntarios” que hubiesen recabado esas firmas podría derivar en la cancelación de la candidatura como ya lo hizo el INE con MORENA en el caso de Michoacán y Guerrero.
Es decir, esa locura electoral no tiene ni pies ni cabeza, ni legal ni político, y sólo ha servido de distractor a MORENA de los verdaderos temas relevantes en el país y costado tiempo al bloque opositor para definir un método y una estrategia óptima que sea legalmente viable por su blindaje contra el sabotaje del pseudo demócrata de Palacio Nacional.
POR FEDERICO DÖRING
DIPUTADO LOCAL DEL PAN
@FDORINGCASAR
MAAZ