Trascurridos casi cinco años de gestión del gobierno del presidente López Obrador, es evidente que la falta de una planeación objetiva y profesional, así como el manejo clientelar de la política pública, ha traído como consecuencia el fracaso en la mayoría de las áreas de la administración pública.
En anteriores entregas nos hemos referido al desastre en que se encuentra la seguridad pública y la justicia en general, y la violencia hacia las mujeres, en particular. Pero no existe una sola área que se salve como consecuencia del requisito para designar a los servidores públicos de este gobierno “90% lealtad y 10 % capacidad”. Sólo baste echar un vistazo a las condiciones en que se encuentra la educación, el deporte, el medio ambiente, el combate a la corrupción y, de manera muy dolorosa, el fracaso del sistema de salud.
La respuesta al deplorable resultado tiene como elemento principal la visión centralista, única y con tendencias autoritarias de quien tiene hoy la responsabilidad de conducir al Ejecutivo federal. En esa visión han pesado más sus obsesiones, fobias y resentimientos, que las necesidades de la población y las metodologías y mejores prácticas de gobierno y administración pública.
En materia de Salud, desde el inicio de su administración, el presidente López Obrador decidió cancelar el llamado Seguro Popular, que era un mecanismo que, de manera ordenada y eficaz, permitía el acceso a la salud a millones de personas que no cuentan con servicios de seguridad social. Reconocemos que era un programa perfectible. Uno de los aspectos más importantes del Seguro Popular era el denominado fondo de gastos catastróficos, que permitía a las familias más pobres atender padecimientos crónico-degenerativos muy costosos. Muchos de nosotros seguramente conocemos varios casos de éxito en los que se salvaron vidas humanas, sobre todo, de aquellos más vulnerables.
Todo eso fue hecho a un lado, sin justificación alguna, para crear el denominado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). En el Partido Acción Nacional y sus legisladores, lo advertimos desde un principio y señalamos lo catastrófico que pudiera resultar el desaparecer una institución que había probado su eficacia.
Hoy el tiempo, lamentablemente nos dio la razón y es el propio gobierno quien decidió desaparecerlo, a través de una reforma incluida en un paquete legislativo que adolece de legitimidad constitucional, puesto que fue procesado violando principios y normatividad para un cambio de esta naturaleza, como casi todas las del oficialismo.
Lejos de llamar a audiencias con los servidores públicos responsables de presuntos malos manejos, especialmente con el recomendado de López, Juan Ferrer, para deslindar responsabilidades y realizar un ejercicio de rendición de cuentas republicano, la mayoría indigna y obsequiosa de Morena y anexos en el Congreso, quisieron apurar la enmienda jurídica para “enterrar el maloliente cuerpo” del Insabi.
Debido a esa actitud encubridora, aún estamos lejos de saber el daño que causó a decenas de familias el infausto Insabi obradorista. Se perdieron miles de vidas y se señala que hay graves faltas administrativas que incluso pueden dar lugar a sanciones penales. Lamentablemente, publicado el 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.
La gran idea para responder ante el colapso en el que se encuentra el sistema de salud pública es que ahora sea el Seguro Social (IMSS), que ya tiene una sobrecarga de problemas en su propio funcionamiento y financiamiento, el que también se haga cargo de los sectores sin seguridad social ni previsional.
Esta reforma no soluciona el problema de la falta de atención médica, la escasez de recursos y la falta de claridad en la atención de alta especialidad y medicamentos.
No es difícil prever, que en la última parte del gobierno obradorista, dicho cambio solo saturará aún más la atención en el IMSS, generará más inconvenientes para los asegurados y no permitirá avanzar en la consolidación de un adecuado servicio de salud universal; que bajo el despreciado Seguro Popular se iba consolidando de manera progresiva. Lamentablemente, el IMSS-Bienestar es un ente condenado al fracaso; por eso continuaremos exigiendo que regrese el Seguro Popular y presentamos una iniciativa al respecto, porque consideramos que estaba en el camino correcto para ofrecer servicios de salud con calidad y con calidez a las y los mexicanos.
Desde el Poder Legislativo, las diputadas y diputados del PAN, estaremos exigiendo la realización de ejercicios de rendición de cuentas respecto del fracaso del Insabi, a sabiendas de que este gobierno rehúye este tipo de obligaciones constitucionales. De los hallazgos que se realicen estaremos informando oportunamente a la población, del mismo modo que pediremos que se aplique la ley, para sancionar a los responsables del desastre en materia de salud en el “obradorato”.
DIP. JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
@JORGEROHE
LSN