El 24 de mayo, la Comisión Permanente del Senado de la República validó constitucionalmente la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia.
Enhorabuena por este paso legislativo, reflejo de años de luchas sociales; en un Estado de Derecho es fundamental que ningún agresor llegue a ocupar puestos públicos y es labor de todas las instituciones erradicar la violencia en contra de infancias y mujeres.
Esta reforma se hizo para que ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o violentadora familiar, pueda trabajar en el servicio público ni pueda ser registrada como candidata para ocupar algún cargo de elección popular.
Estas modificaciones a los artículos 38 y 102 fueron aprobadas por la Cámara Alta en la última sesión del periodo ordinario de sesiones (el 28 de abril) y, al 24 de mayo, 23 congresos locales la habían hecho suya, lo que demuestra una sana construcción de consensos.
Queda pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo cual debe ocurrir antes del 31 de mayo, para que se aplique para el proceso electoral de 2024.
En México, en 2021, 23 mil jóvenes de entre 12 y 17 años fueron víctimas de algún tipo de agresión sexual (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA), panorama que confirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues nuestro país presenta el mayor número de casos de abusos sexuales de infancias y adolescencias en el mundo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tres de cada cuatro hijos de padres y madres separados no reciben pensión alimenticia.
A su vez, la Secretaría de Salud informó que, de 2019 a 2022, aumentó 28 por ciento las denuncias por violencia familiar.
El contexto es alarmante; sin embargo, la reforma aprobada es una oportunidad para reducir la violencia de género y fortalecer la garantía de los derechos de la niñez. Al respecto, reconozco el esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil, activistas y feministas que han levantado la voz bajo la consigna: “ningún agresor en el poder”.
El Sistema Nacional de Transparencia y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) están comprometidos con la defensa y la garantía de los derechos de las mujeres, prueba de ello es el nuevo Buscador de Género de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), mismo que facilita el acceso a la información con una perspectiva de género.
Es decir, ante una búsqueda de información, esta nueva herramienta proporciona información pública para coadyuvar en la eliminación de brechas de desigualdad a favor de niñas y mujeres. Afortunadamente, la sociedad mexicana está cada vez más alerta y se interesa por conocer todo lo relacionado con la violencia de género.
Lo sucedido en el Congreso de la Unión con la ley 3 de 3 contra la violencia, es parte de la sororidad; defendernos y alentarnos como mujeres en el camino a eliminar cualquier tipo de violencia y brecha de género.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
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