El pasado 24 de mayo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucionalidad de la llamada Ley 3 de 3 contra la Violencia, que impide a agresores sexuales y deudores alimentarios acceder a cargos públicos. La reforma también incluye como requisito, para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República, gozar de buena reputación y no haber sido condenada por la comisión de delito doloso.
Dicha reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución, que primero fue aprobada por la Cámara de Diputados y luego por el Senado, recibió el aval de 24 Legislaturas locales, por lo que se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
Mediante esta ley se suspende el derecho a ocupar cargos en el servicio público o poder ser postulada y ocupar cargos de representación popular a la persona que haya ejercido violencia política o sexual contra mujeres, o bien, que se trate de un deudor alimentario.
Como se señala en el dictamen de las comisiones dictaminadoras en el Senado, la violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres es un fenómeno que desafortunadamente se hace cada día más patente en nuestra sociedad, por lo que diversos movimientos organizados han demandado una actuación firme y contundente de parte del Estado para evitar, inhibir y sancionar a las personas que ejercen violencia en contra de otras. Ese fenómeno se caracteriza por provocar daños a la vida, a la salud, la libertad, la seguridad, el normal desarrollo sexual y psicosexual de terceras personas, en particular de las mujeres.
Con la reforma, las legisladoras y los legisladores hemos buscado incidir favorablemente en la ética pública y política en beneficio de la sociedad en su conjunto, porque en una verdadera democracia no basta con ser un funcionario eficiente, si se es acosador sexual; no basta con ser un servidor público destacado, si se es agresor por razones de género; no basta ser un legislador, un juez, un alcalde o un magistrado honrado y sin vínculos de corrupción, si se es deudor de pensión alimenticia. Por eso fue necesario legislar para que se garantice la idoneidad de las personas que aspiran a acceder a cargos públicos.
La 3 de 3 es una reforma transversal importantísima, ya que aborda a los tres órdenes de gobierno y a las distintas instancias del poder público, es decir, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, con el cual estamos dando un paso más hacia la construcción de un entramado jurídico que nos permita construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia para todas y todos.
La lucha a favor de los derechos de las mujeres ha sido complicada, pero productiva; se ha avanzado en políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; se legisló en materia de paridad de género y de violencia política contra las mujeres en razón de género, hasta llegar a lo que hoy conocemos como la Ley 3 de 3.
Desde este espacio hago un respetuoso exhorto a las legislaturas de los Congresos locales, que faltan por ratificar esta importante reforma. Hagamos un esfuerzo valiente, comprometido, congruente, coincidamos en la postura de defender el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y el principio del interés superior de la niñez
POR MARÍA MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SENADORA DE MORENA POR HIDALGO
LSN