Los pleitos del presidente López Obrador con el gobernador de Florida Ron De Santis y con la presidenta del Perú Dina Boluarte, entre otros, no han resultado suficiente distractor para pasar por alto el récord histórico de asesinatos que alcanzó México con 156 mil 136 en lo que va de la presente administración y que a partir de hoy, cada día que pase, impone un nueva marca. Desde esta semana quedaron superadas las cifras de 156 mil 66 homicidios registrados durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, 120 mil 463 del panista Felipe Calderón y los 60 mil 280 del también panista Vicente Fox, según cifras del INEGI. Por si fuera poco, la 4t detenta también la marca de los años más violentos en México en 2019, 2020, 2021 y 2022, y el mayor número de meses con más de 3 mil asesinatos que se tenga registro, y a la actual administración le quedan ¡16 meses!
Que el inquilino de Palacio llame a la comunidad latina en Florida a no votar por De Santis o que se encuentre enfrascado en un pleito de declaraciones con Boluarte, al grado de poner en pausa las relaciones comerciales y económicas con Perú, país a quien niega la presidencia de la Alianza del Pacífico, son hechos que no logran ocultar el tamaño de la desgracia de miles de familias mexicanas enlutadas por la acción del crimen organizado que no cree en “abrazos, no balazos”. Lo que el gobierno federal tiene que reconocer y corregir es que el Ejército y la Marina no son policías y que la Guardia Nacional no ha resultado ser lo que se esperaba. A México le urge una política integral de Seguridad Nacional.
Se destapa red de corrupción en Chiapas. Y es que el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Ángel Torres Culebro, opera en colaboración con José Manuel Cruz Castellanos, Secretario de Salud estatal, para otorgar contratos y licitaciones con el fin de desviar recursos públicos. Estos contratos han sido otorgados a dos empresas fantasmas: JRS Ingeniería Integral y Consultoría, S.A. de C.V., cuya apoderada legal y socia es Rosalba Tovilla Durán, servidora pública en funciones, adscrita al área de comunicación social de la Secretaría de Salud. Entre diciembre de 2020 y mayo de 2022, el monto de los contratos girados por Torres Culebro ascendió a 58 millones 730, 000 pesos, de los cuales 48 millones 742 mil pesos fueron únicamente para JRS Ingeniería Integral y Consultoría, S.A. de C.V.
Para operar este proceso, las mentes de Torres Culebro y Cruz Castellanos han pensado en todo, aunque no muy bien, pues aunque las empresas están inscritas ante el Registro Público de Comercio, se evidencia el fraude porque la documentación no está disponible para consulta, no se registran los contratos y las direcciones fiscales se encuentran en domicilios particulares, algunos en zonas de bajos recursos de Chiapas. Incluso Grupo IASES, S.A.de C.V., se usa para otros servicios como consultorio dental para Stephany Esponda Velázquez, cuñada de Rosalba Tovilla Durán, lo que demuestra la corrupción, robo, desvío de recursos y abuso contra la población.
"Ya mejor maten a Ricardo y a mi también por pendeja, por creer que sí existía el combate a la corrupción”, dijo decepcionada y furiosa Marlenne Cañas, esposa de Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo, en plena recta final de la campaña por el gobierno de Coahuila. Seguramente doña Marlenne creyó que por ser subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, su esposo sería el elegido del presidente López Obrador para recibir la anhelada candidatura morenista y ya se veía como primera dama de la entidad. Todo lo contrario, Mejía Berdeja no solamente se tuvo que conformar con la candidatura del PT que nunca levantó en las preferencias de los coahuilenses, sino que el propio AMLO le advirtió que no utilizara la imagen presidencial en su campaña.
Sin la bandera de Morena, la esposa de Mejía Berdeja vino a descubrir al cuarto para la hora que “para quien encabeza un proyecto de nación sea más relevante que gane su partido en lugar de velar por el pueblo como pregona”. Seguramente, el dueño de Morena recordó que el chapulín Mejía Berdeja en 2018 fue ferviente impulsor de la campaña panista de Ricardo, “Ricky Rickín Canallín” Anaya, a la presidencia de la República y eso no se perdona. Como dijera la gran Silvia Pinal: así amigas y amigos, la triste historia de quien creyó en un cuento de hadas…
La reiterada intromisión del presidente López Obrador en el proceso de compra-venta de CitiBanamex llevó a la institución financiera a postergar su venta hasta 2025, una vez concluido el mandato obradorista que se quedó sin la oportunidad de obtener por dicha operación 2 mil millones de dólares en impuestos, que hubieran sido oxígeno puro para sus proyectos personales de Dos Bocas, Tren Maya, Tren Interoceánico, los aeropuertos de Tulum y Creel, Chihuahua, así como cash para campañas y compra de votos en el proceso electoral de 2024. Por lo pronto, Citi llevará el proceso por la vía de la venta de acciones y el que optó por no arriesgar parte de su cuantiosa fortuna fue Germán Larrea, el segundo empresario más rico de México.
POR ENRIQUE MUÑOZ
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