Conforme el tiempo avanza, la cotidianidad de las sociedades en la mayor parte de los países se desarrolla por medio de componentes electrónicos y plataformas virtuales. Imaginar un mundo sin estas herramientas, sería imposible, debido a las ventajas en el traslado de información en tiempo récord, reducción de costos y exactitud en sus resultados que estos componentes representan. A medida que pasan los años, las vidas de las personas en grandes proporciones del planeta se sumergen cada vez más en el mundo cibernético, situación que incrementa la posibilidad de que los individuos puedan ser víctimas de un delito en esta clase de plataformas.
Ante el panorama antes descrito, es sumamente importante tener en consideración que el cuidado, manejo y almacenamiento de los datos que se generan por medio de estos servicios, es crucial para la economía mundial y la convivencia humana en su conjunto.
El problema con la intensificación de estos servicios es que la sobreexposición de las plataformas electrónicas en cualquier país hace que sean objeto de riesgos y amenazas todo el tiempo.
En este contexto, México no está exento de peligros como ciberdelitos dirigidos a instituciones públicas o privadas: ya que, de acuerdo con un ranking realizado por la firma de ciberseguridad con sede en Países Bajos, Surfshark, la nación se encuentra en el top 10 de países con mayor tasa de cibercriminalidad en todo el mundo, siendo de esta forma, la única nación de Latinoamérica que aparece en el listado.
En este mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), define a los delitos informáticos como todo aquel comportamiento antijurídico o ilegal que se haga, a través de los medios computacionales, utilizando diversos dispositivos, software e internet para acceder a información personal y utilizarla de forma maliciosa.
En total, el estudio de Surfshark, refiere que mil 100 mexicanos denunciaron de manera formal, haber sido víctimas de un fraude en la red, sin embargo, la cifra podría ser aún mayor, debido a la gran cantidad de personas que no presentan una queja ante las autoridades.
En tanto, la empresa multinacional estadounidense Fortinet, líder en soluciones y servicios de seguridad, reveló que, en 2022, la región de América Latina y el Caribe, sufrió más de 360 mil millones de intentos de ciberataques, según información proporcionada por el laboratorio de análisis e inteligencia de amenazas de esta importante compañía. De este universo analizado, México recibió la mayor cantidad de intentos de ataques con 187 mil millones, seguido de Brasil con 103 mil millones, Colombia con 20 mil millones y Perú con 15 mil millones.
Lo que esta cifra refleja son dos cosas: por un lado, México es un país con amplias vulnerabilidades en las plataformas virtuales que muchos ciberdelincuentes han logrado identificar; en segundo lugar, la importancia de este país en la región ha ido creciendo de manera importante y sustancial, por ello el crecimiento de este fenómeno.
Expertos en tecnologías de la información, han referido que la creciente ola de ciberataques a los usuarios en México se da por múltiples factores entre los que destacan, la falta de una cultura de protección de la información personal que comúnmente es almacenada en servidores individuales y dispositivos móviles, además de que los consumidores en promedio no tienen el hábito de descargar diferentes niveles de protección de software especializado en cuidar este tipo de información.
Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), indican que en México existen 88.6 millones de usuarios de internet y 91.7 millones personas que usan teléfonos celulares. El organismo ha referido, que las principales actividades que los cibernautas realizan son: comunicarse entre ellos, con 93.8 por ciento; obtención de información, con 89.9 por ciento, y acceder a redes sociales con 89.8 por ciento. Lo que significa que si la mayor parte de esta información no está protegida adecuadamente, se corre el riesgo de que estos datos caigan en manos de los ciberdelincuentes y sea mal utilizada.
Por lo tanto, tener en consideración esta clase de situaciones, debe convertirse en una prioridad en todas las instituciones del sector público, ya que un país protegido y preparado para dichas circunstancias, estará en mejores condiciones que ayuden a disminuir situaciones indeseadas o riesgosas para el bienestar de su población y de sus intereses nacionales. Por todo ello, si este fenómeno no se encuentra en uno de los temas centrales de la agenda nacional, en el futuro inmediato; sería un buen momento, para que esta situación, empiece a modificarse en el gobierno mexicano en todos sus niveles de acción y poner al país en un nivel de prevención y respuesta más eficiente.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INAP
MAAZ