El ánimo del palacio está enrarecido. Lo que pasa es que en las últimas semanas los deseos de su inquilino no se han vuelto realidad solo con desearlo. Primero, una Suprema Corte de Justicia de la Nación no se está subordinando como se esperaba; los legisladores si lo hacen pero no operan con la pulcritud necesaria para que sus iniciativas se las echen atrás; para colmo el juego de “las corcholatas” ya no solo no está dando de qué hablar, sino que al contrario, ha producido una división en el seno de Morena; y como colofón, el sector empresarial “no quiere” cooperar con el proyecto de nación.
Lo sucedido en estos días fue que ante el peso que está ejerciendo la Corte, López Obrador recurre a la última opción, los decretos presidenciales. El ejemplo más reciente es el decreto que desecharon los ministros para evitar un “fast track” opaco y desaseado en los permisos de hasta por 12 meses para las obras prioritarias de este gobierno y, pues como uno de ellos es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el presidente a través de la Marina se hizo del control de un tramo ferroviario (Coatzacoalcos-Medias Aguas) concesionado a una de las empresas de Grupo México, Ferrosur, correspondiente a 120 kilómetros.
Esta acción causó revuelo entre la prensa, la ciudadanía y, por supuesto, entre el gremio empresarial. La reacción de la iniciativa privada fue de pánico al pensar que López Obrador, al encontrarse en esta situación adversa, podría arremeter en contra de otras empresas y comenzar expropiar a diestra y siniestra. Parte de la sociedad y medios de comunicación no tardaron en señalar que -ahora sí- México se está convirtiendo en Cuba o en Venezuela, diciendo que “aún falta lo peor”. Los simpatizantes de Amlo respondieron, casi al unísono, con señalamientos en contra de Grupo México, Germán Larrea y demás “demonios del capitalismo”.
Lo cierto es que, sin caer en los extremos de las comparaciones dantescas, lo realizado por este gobierno, sobre todo por las formas reactivas ante el contexto actual, no ha caído bien en el ámbito de inversores extranjeros ni en la IP nacional, incluso en estos días las pérdidas de Grupo México y sus accionistas ya suman casi los 50 mil millones de pesos en la Bolsa. Por parte del gobierno, el mensaje es que dicho tramo no se trata de una expropiación (puesto que se trata de una concesión), que es de necesidad para la conclusión del Corredor Interoceánico y que es de utilidad nacional, para incentivar la inversión nacional y extranjera en la región del suroeste del país.
Sabemos que para López Obrador tanto el Tren Maya como el Corredor en el Istmo son lo más importante antes de concluir su sexenio y no dará un paso atrás hasta conseguirlo, citando al clásico, “haiga sido como haiga sido”. Sin embargo, ante los tiempos de una campaña para su sucesión, deberá ser más cauto y cuidar las formas. Esperemos que Ferrosur reciba una indemnización correspondiente a la ley y que estos actos coléricos no se vuelvan a repetir. Este tipo de arrebatos son los que pueden unir a gremios que se sienten perjudicados, a los medios de comunicación, a un sector de la sociedad y quizá hasta la oposición, de estar en su contra y, claro, de Morena.
POR ADRIANA SARUR
COLABORADORA
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