La nueva reforma no busca apoyar a los trabajadores mineros. Ni a los enterrados —que nadie ha podido sacar— ni a los que dejan un pedazo de pulmón en cada nueva excavación. Tampoco al desarrollo productivo del país.
Aunque el gobierno de la 4t dice que con las reformas a la Ley Minera “se busca recuperar la rectoría del Estado en la minería, frenar los abusos de las empresas y el ecocidio que provoca la industria”, lo que sin duda logrará es detonar una avalancha de amparos contra la misma, un freno en la inversión y, por supuesto, un golpe más a los mineros. Precisamente a los trabajadores antes mencionados.
Los amparos de Frisco (Carlos Slim), Peñoles (Alejandro Bailléres) y Grupo México (Germán Larrea), junto con las violaciones al TMEC que denuncia Canadá, ya anuncian un alto costo para México y para el sector.
Hablemos claramente: el objetivo central de la reforma —ahora ya aprobada— es que sea de manera unipersonal el otorgar concesiones y administrar los veneros del país.
Las nuevas modificaciones propuestas y votadas a favor por los senadores de la 4t (con todo y protestas e impugnaciones) muestran las grietas que existen al interior de Morena y del equipo más cercano a López Obrador. Se impuso el radicalismo de María Luisa Albores —y no necesariamente a favor de la protección al medioambiente, que mucho se agradecería—. Se enfrentó a Adán Augusto López y a Raquel Buenrostro, quienes buscaban la discusión previa de las modificaciones para llegar con acuerdos ante el sector privado y los mineros.
Pero aún más grave es que, para variar, la iniciativa desaparece la certeza jurídica. La vigencia de las concesiones disminuye de 50 a 30 años y la prórroga automática de otros 50 baja a 25, con una posible tercera prórroga que se someterá a concurso. Y si bien pudiera estos elementos pudieran merecer analizarse, resulta que ahora son ley sin contar con lineamientos claros para saber en qué casos las concesiones se pueden perder o disminuir. La decisión reducida a un capricho unipersonal.
No sólo eso, esta ley impide que las concesiones se den como garantía para la obtención de créditos bancarios, mientras que la exploración minera será decidida exclusivamente por el Servicio Geológico Mexicano. ¿Bajo qué aspectos y especificaciones? No se sabe, lo que evidentemente invita a las peores prácticas de corrupción.
Esta nueva ley es una invitación para que los inversionistas mineros (nacionales y extranjeros) salgan de México, pues más que generar derechos, obligaciones y certezas, esboza una próxima estatización y la creación de una industria paraestatal de la minería.
De nada sirvieron las reiteradas peticiones del sector para llevar a cabo audiencias y un proceso de parlamento abierto en el Senado previo a la votación de la iniciativa. La 4t no busca dialogar, ni lograr acuerdos, ni legislar para mejorar.
Lo que sigue es quebrar al sector en su conjunto.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
@MALOGUZMANVERO
LSN