Si tuviéramos que pensar en una concepción minimalista del sistema de contrapesos, propio de cualquier constitución moderna, el papel del poder judicial en general se podría comprender como el regulador de los vaivenes de la política ejecutiva y parlamentaria, al salvaguardar el cumplimiento y el respeto a la Constitución. Pero esta concepción minimalista diluye mucha de la mística que se les atribuye a los poderes judiciales, y de la posición fragmentada en la que judicatura se encuentra al resolver conflictos: entre el aplauso del vencedor y el desprecio del vencido.
Esta mística, que suele asociarse a posibles posiciones ideológicas, al aparente alejamiento del actuar judicial de los clamores ciudadanos, o bien al proceso de selección de sus jueces, son los tópicos recurrentes para las críticas a todos los poderes judiciales.
Sin embargo, un breve bosquejo histórico nos mostraría que esa mística asociada a la judicatura, es más compleja e interesante. Por ejemplo, en El Federalista, la integración de la Corte Suprema de Estados Unidos, concebida por Hamilton, se realiza mediante una propuesta hecha por el Ejecutivo y la aprobación por parte del Senado. Las críticas en este punto son abundantes, entre las que destaca el peso preponderante que pudieron adquirir las consideraciones políticas en el respectivo proceso de selección.
Sin embargo, como habría de comprobar una regla para su desencanto, el presidente estadounidense Harry S. Truman, confirmó que ese proceso no estaba concebido para asegurar la lealtad incondicional de los nominados por un gobierno. En lo que definió como “su más grande error”, Truman, poderoso y experimentado, nombró a Thomas Clark, primero su fiscal general, y después a la Corte Suprema. Apenas ocupó su escaño, Clark dio un giro radical en sus posturas, limitando los mismos poderes presidenciales que como Fiscal incluso había buscado promover.
“Cuando nombras a una persona para la Corte Suprema, deja de ser tu amigo. De eso estoy seguro,” sentenció con profunda amargura y enojo Truman. Esta frase, emitida en su momento como expresión de decepción e incluso de descontento, o frustración, terminó por convertirse, irónicamente, en la mejor ejemplificación del papel de un verdadero juez constitucional: el abandono de los apegos personales en favor de la lealtad exclusiva a la Constitución que ha jurado defender, por encima de una aparente obediencia a los ideales e intereses de quien lo postuló.
Diametralmente distinto es el episodio que narra Gertrude Lübbe-Wolf, ex integrante del Tribunal Constitucional Alemán, ocurrido durante un congreso celebrado en Bucarest: Tras dar el discurso de bienvenida, el Presidente de Estado rumano se acercó a los integrantes de la corte alemana, los saludó efusivamente, exclamando: “¡Oh, la Corte Constitucional Alemana! La Canciller Merkel en Europa siempre dice: no puedo, Usted sabe: ¡la Corte Constitucional!”
Aparentemente, se encontraba genuinamente maravillado el estadista, ante la idea de que el poder del Ejecutivo alemán estuviera tan firme y claramente acotado por ese grupo de jueces constitucionales. La historia entre líneas de la jueza constitucional germana, contiene una lección invaluable: cuando la Canciller no sólo comprendió, sino posicionó el papel del Tribunal Constitucional, reafirmó su compromiso con la democracia y el Estado de derecho, trascendiendo esta dualidad entre mística y decepción, enarbolando el papel silente de los jueces: la salvaguarda del orden constitucional, tarea incomprendida frecuentemente, pero obligatoria para cualquier jueza o juez verdaderamente constitucional, cuyo único compromiso, es siempre la defensa de la Ley Suprema, podríamos añadir.
POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
LSN