En lugar de asumir su corresponsabilidad en los asuntos públicos, la oposición sigue optando por el bloqueo a las iniciativas de los gobiernos de Morena. Poco ha importado si las medidas representan un beneficio para la población, pues los partidos de la coalición Va por México parten de una lectura que no reconoce la legitimidad democrática de los gobiernos de la 4T y ven en cada una de sus acciones una conspiración totalitaria.
Las consecuencias de esta decisión se ven reflejadas en la baja intención de voto que muestran todos los sondeos. Es probable que esta actitud les haya permitido consolidar un núcleo duro de votantes, pero los aísla del resto de la sociedad que los ve oponerse a medidas consideradas positivas para el país, como la reforma energética.
El último cuadro de esta película tiene como protagonista a Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México. Su trabajo ha sido fundamental para los buenos números que arrojan los indicadores vinculados a la seguridad de los capitalinos. La disminución de 46.5% en los delitos de alto impacto y de 59% en el homicidio doloso tiene como correlato un incremento de 201% en las órdenes de aprensión giradas por la Fiscalía.
La creación de un área especializada para el combate a la corrupción han permitido que se vinculen a proceso a 486 funcionarios públicos, incluyendo a los de la Benito Juárez implicados en el fraude inmobiliario de esta alcaldía y verdadera razón del encono contra la fiscal.
El trabajo de la Fiscalía capitalina es un modelo para el fortalecimiento institucional de estas instituciones, piedra en el zapato de una política de seguridad verdaderamente integral. Sin embargo, en lugar de apoyar este proceso, la oposición ha decidido hacer de la ratificación de Ernestina Godoy el último de escenario de su batalla contra la 4T.
Hace unos días, el diputado de Morena Octavio Rivero presentó una propuesta para reglamentar el procedimiento para ratificar a la persona titular de la Fiscalía, contemplado en la Constitución de la Ciudad de México. El mecanismo implica la participación de un Consejo Judicial Ciudadano y el voto de tres terceras partes del Congreso. Es decir, que lejos de ser una designación a modo, requiere de consensos y acuerdos con la oposición y con la sociedad civil.
Sin embargo, la medida fue impugnada por la oposición que llegó a impedir la entrada al recinto legislativo, sólo para instantes después acusar al oficialismo de persecución política. Como boxeador de un solo truco, la oposición vuelve a recurrir a la variante del bloqueo y victimización, dándole la espalda a una gran mayoría que apoya la política de seguridad y de procuración de justicia que ha mostrado resultados contundentes.
POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
@ADRIANVR7
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