La parálisis del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para actuar frente a la invasión de Rusia a Ucrania, por el veto de la misma Rusia en sus decisiones, ha revivido la discusión sobre la necesidad de reformar al Consejo para que cumpla las funciones que le otorgó la Carta de las Naciones Unidas, aprobada en la Conferencia de San Francisco en junio de 1945. Lamentablemente, no es un debate novedoso. Los estados miembros de la ONU han discutido sobre la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad desde el fin de la Guerra Fría, a principios de los noventa del siglo pasado, sin lograr un acuerdo hasta ahora.
En San Francisco se determinó que el principal objetivo de la nueva Organización sería “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra…y mantener la paz y la seguridad internacionales”. Para tal efecto, confirió al Consejo de Seguridad “la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales" en la que todos los estados miembros reconocen “que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad.” (Preámbulo y artículos 1 y 24 de la Carta, https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text).
Pero los autores de la Carta, principalmente Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, consideraron que ellos, junto con China y Francia, deberían ser miembros permanentes del Consejo con poder de veto sobre decisiones en las que no estuvieran de acuerdo. Todo el sistema descansa en la premisa de que los cinco miembros permanentes cooperen entre sí para mantener la paz y la seguridad internacionales.
Al consagrar el poder de veto, en San Francisco se asumió implícitamente que los miembros permanentes cooperarían para mantener la paz, pero que no lo harían cuando fuera contrario a sus intereses nacionales. Al vetar las decisiones del Consejo sobre Ucrania, claramente Rusia ha privilegiado sus propios intereses sobre la seguridad colectiva. Hizo lo mismo que Estados Unidos cuando unilateralmente decidió invadir Irak en 2003. En ambos casos, Rusia y Estados Unidos violaron abiertamente la Carta de la ONU.
Desde hace casi treinta años cuatro países -Alemania, Brasil, Japón e India (G4)- aspiran a convertirse en miembros permanentes del Consejo. Desde 2004, han circulado proyectos de resolución en la Asamblea General para reformar la Carta de la ONU, que no han sometido a votación porque carecen de la mayoría de dos tercios necesaria para su aprobación, además del apoyo de los cinco miembros permanentes del Consejo, que también es necesario.
La auto postulación de esos cuatro países como miembros permanentes, despertó reacciones que, hasta hoy, no han sido superadas. Un grupo de países de todas las regiones geográficas, entre los que se encuentran Argentina, Colombia, México, Italia, Polonia, Corea del Sur, Pakistán y Turquía, crearon en 2005 el grupo “Unidos por el Consenso” con la propuesta de ampliar el número de miembros del Consejo para darle más representatividad, pero sin incorporar nuevos miembros permanentes con derecho de veto.
Sin embargo, la oposición más significativa a la incorporación del G4 como miembros permanentes del Consejo provino de tres de los actuales miembros permanentes, China, Estados Unidos y Rusia. Sin decirlo abiertamente, China se opone al ingreso de Japón e India, y tampoco está convencida del ingreso de Alemania, que sería el tercer miembro permanente europeo en el Consejo. Rusia claramente se opone al ingreso de Alemania y Japón, y quizá tampoco esté convencida de sumar a Brasil e India. Estados Unidos, en la época de Bush decía apoyar a Japón, y en la de Obama a la India, y en la era de Trump no apoyó a nadie, limitándose a atacar a la ONU. Biden afirmó en septiembre pasado que apoya la ampliación del Consejo con nuevos miembros permanentes, incluyendo un lugar para un país Latinoamericano y uno Africano, sin mencionar países específicos.
Desde que los países del G4 formalizaron su aspiración, cada año la Asamblea General repite el mismo ritual. Después de numerosas reuniones públicas y consultas privadas, se comprueba que no hay acuerdo sobre cómo ampliar el Consejo de Seguridad, ni mucho menos sobre una reforma del veto que detentan sus miembros permanentes.
En realidad, los miembros permanentes defienden el privilegio de su veto en el Consejo. Al igual que en la Conferencia entre Churchill, Roosevelt y Stalin, celebrada en Yalta en febrero de 1945, lo consideran una condición sine qua non para la existencia misma de la Organización. Desde la intervención armada de Francia, Estados Unidos y el Reino Unido en Libia en 2011, con el apoyo del Consejo de Seguridad, el Consejo está semi paralizado, por los vetos de Rusia, acompañada de China en algunas ocasiones. Se antoja muy difícil que esa situación cambie en el futuro previsible, sobre todo después de la invasión rusa de Ucrania.
El contexto actual, caracterizado por una lucha hegemónica entre China y Estados Unidos, se ve muy complicado para lograr una reforma del Consejo de Seguridad que incluya nuevos miembros permanentes. Pero la ausencia de una reforma empuja al Consejo hacia una mayor impotencia e irrelevancia, que inevitablemente tiene consecuencias funestas para la paz y seguridad internacionales.
México mantiene una posición realista y consistente. Apoya una ampliación de los miembros no permanentes, para pasar de diez a veinte que, junto con los cinco miembros permanentes actuales, conformarían un Consejo de 25 miembros. Además, sugiere permitir que algunos países con capacidades económicas, políticas y militares para hacer una mayor contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, puedan ser reelegidos sucesivamente, hasta por un plazo de ocho años. Una reforma como esa le daría una nueva dinámica al Consejo, presionaría más a los miembros permanentes, aunque no eliminaría su poder de veto. Pero quizá sea la única reforma posible.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS ES PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY
@MIGUELRCABANAS/MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
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