La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, lo que se conoce como el Plan B de la Reforma Electoral, tiene una implicación política, no una implicación legal, razón por la cual los legisladores que formamos parte de la Cuarta Transformación consideramos un exceso el querer limitar las funciones que le competen al Poder Legislativo.
La SCJN argumentó que invalidó estos ordenamientos por razones de procedimiento, debido a que en la Cámara de Diputados no fueron suficientemente discutidos los dictámenes. Esto no es así porque, en primer lugar, quien tiene la facultad para decidir si un asunto está suficientemente discutido es el Pleno de las Cámaras; en segundo lugar, fue la propia oposición la que dijo que no había nada que discutir, que estaban en moratoria y que votarían en contra cualquier reforma; en tercer lugar, la dispensa de trámite, el mecanismo que se utilizó para aprobar la ley, está perfectamente regulado en los artículos 59 y 60 del Reglamento de la Cámara de Diputados desde que la oposición contaba con la mayoría.
Como atinadamente lo ha afirmado nuestro coordinador parlamentario, el senador Ricardo Monreal, se requiere una reforma al Poder Judicial, pues no obstante que la división de poderes es sana para la República, no se pueden cerrar los ojos ante el déficit de justicia en México y los privilegios de los que gozan jueces y ministros.
Resulta innegable que el Poder Judicial no le rinde cuentas a nadie, por lo que se constituye como un Poder supremo, como un poder que no está acotado al marco jurídico, y una prueba de ello son los fideicomisos públicos que tienen fondos por más de 20 mil millones de pesos y que hasta este momento no sabemos cuál es el uso ni el destino que se les da. Por ejemplo, en este año el Poder Judicial va a recibir un presupuesto por el orden de los 79 mil millones de pesos es decir, 5% superior, en términos reales, a lo autorizado para 2022.
No nos pueden dar lecciones de Estado de derecho quienes ganan más de 300 mil pesos al mes, incumpliendo el mandato constitucional de ganar menos que el Presidente de la República. No nos pueden dar clases de democracia quienes nunca han pedido el voto en las calles y sólo cabildean en las altas esferas para ser ministros.
Llegó la hora de que el ideal de justicia alcance su máxima expresión en nuestro país y que se ponga muestra de que es posible concretar la transición hacia un México donde la igualdad sea uno de los principios rectores de la justicia, para que las ciudadanas y ciudadanos tengan pleno acceso a ésta, de manera pronta y expedita, y que la SCJN deje de ser una Corte con tintes privados y privilegios desbordados.
Los legisladores de la Cuarta T consideramos que hay intereses que presionan a la cúpula de la SCJN para tomar decisiones. Por eso, una de las máximas de la transición política que inició en 2018 es separar el poder político del económico. También tenemos confianza en que en 2024 podamos instrumentar reformas que tiendan a mejorar la justicia en México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, hace un par de días, que enviará una iniciativa de reforma a la Constitución para que las y los magistrados sean elegidos por el pueblo. El Plan C está en marcha: ¡más democracia, menos privilegios!
POR MARÍA MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SENADORA DE MORENA POR HIDALGO
PAL