Luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara, en su sesión del 8 de mayo, la invalidez de la primera parte del “Plan B” de reforma electoral, sobre la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta Corte una vez más, ha dejado un precedente dañino para la vida democrática del país.
El Plan B de reforma electoral es constitucional ya que se respetó la opinión y el voto en contra de legisladores que no avalaron dicho proyecto, pero la mayoría parlamentaria lo vio viable y de esa forma fue resuelto por la soberanía del Poder Legislativo, emanado por el voto directo y universal del pueblo.
Por lo que coincido con aquellas voces que aseguran que la SCJN se excedió anteponiendo los intereses políticos de la oposición conservadora y no del pueblo que exige austeridad y resultados.
Lo grave del fallo de la SCJN del lunes pasado no es tanto invalidar la primera parte del Plan B sino que pone en riesgo la separación de poderes, situación que beneficia los privilegios de una casta que se empeña en conservar lujos y poderes a costa del pueblo.
Tal y como lo dice el artículo 49 de la Constitución Política que señala que “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación…”
Me sumo a quienes aseguran que la medida de la Corte es un claro atentado contra la división de poderes y pone en riesgo el orden constitucional, al invalidar una reforma aprobada de manera legítima por el Poder Legislativo, electo por el pueblo.
Para que se den una idea los ministros de la SCJN de lo que significa ejercer un cargo que el pueblo concede desde el Legislativo, discutiremos la viabilidad de que sean elegidos por los ciudadanos en las urnas para que el único compromiso que asuman sea con la ciudadanía y no con el sector empresarial o político que los hizo llegar hasta donde están.
Para darnos una idea de los privilegios que cada ministro tiene, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá recursos en este año por más de 5 mil millones de pesos.
Tan sólo el sueldo de cada uno de los 11 ministros es de casi 300 mil pesos mensuales y su aguinaldo rebasa los 650 mil pesos. Algo inimaginable para más del 70% de la población. Privilegios que desde el Poder Legislativo trabajaremos para ponerles fin, ya que son excesivos.
Los Ministros de la SCJN deberían caminar las calles, recorrer los municipios y lugares más apartados para darse una idea del país en el que viven y así basar sus fallos en los verdaderos problemas nacionales y no en intereses políticos.
POR JULIO CÉSAR MORENO
DIPUTADO DE MORENA
@JULIOC_MORENO
MAAZ