Con el advenimiento de la era digital se han generado profundos cambios en los diversos modos en como las personas interactuamos entre nosotros y en lo que hacemos o somos capaces de hacer con la información con la que contamos en este contexto.
Estos cambios los vemos reflejados en los múltiples, crecientes y muy diversos usos que hoy podemos dar a los diferentes elementos informativos a los que las personas podemos acceder, con los que contamos e incluso los que creamos, producimos, editamos, exponemos y compartimos con el mundo virtual en cualquier formato. Ello, por medio de ventajosas aplicaciones y plataformas tecnológicas de las que miles de millones de personas de todo el planeta nos servimos a diario. Los cuales, en su incremental espectro, van desde lo recreacional, académico, informativo, artístico, lúdico, financiero, la investigación, el activismo y lo social en general; y, en torno al ámbito público, pasan por la efectiva, cada vez más extendida, accesible y equitativa posibilidad que hoy, gracias a estas herramientas, tenemos las personas para realizar, gestionar y obtener todo tipo de trámites, autorizaciones, documentos, permisos, bienes y servicios públicos. Es decir, por la posibilidad que, en tales condiciones, tenemos y debemos tener las personas para, en lo individual o colectivamente, ejercer y disfrutar con incremental efectividad, mayores alcances, visibilidad, coordinación y colaboración, nuestras libertades y derechos.
Los sustanciales y visibles cambios referidos, aunque esto solemos perderlo de vista, han sido posibles en su construcción gracias a transformaciones, avances y desarrollos tecnológicos, igualmente profundos. Estos, en cuanto a las capacidades, velocidad, pero sobre todo, las múltiples, complejas y mejores formas en que tales herramientas recopilan, procesan, relacionan, transforman, analizan y utilizan las inmensas cantidades de información de todo tipo, a la que acceden por cualquier vía digital.
Esta información, en todo caso, incluye aquella de carácter personal y sensible que, por tales medios, las personas usuarias no sólo proporcionamos, compartimos y generamos de modo voluntario; sino también, aquella que, legal o ilegalmente, con o sin nuestro consentimiento, o cabal conocimiento informado, se puede o pueda, en algún momento, llegar a extraer o generar con base en nuestra actividad digital y su análisis por medio de tecnologías y desarrollos basados en inteligencias artificiales que, a su vez, se encuentran en constantes expansión y evolución. Para este momento, ya sabemos que las indebidas e ilegales pueden traducirse, y muchas veces se traducen, en afectaciones al patrimonio, los derechos, la seguridad y la vida de las personas.
Así, en lo digital existe y de él surgen una constante colisión o conflicto en materia de libertades y derechos humanos. Estos, en lo general, podemos decir que ocurren entre, por un lado, el derecho de acceso a la información, tanto pública como universal, como elemento potenciador del libre desarrollo de las personas; y, por otro, el derecho a la protección de datos personales relacionado con los principios y valores de privacidad, intimidad, la autodeterminación informativa, la libre voluntad y, por supuesto, con la dignidad de las personas. La debida atención, administración, resolución, interpretación y adjudicación efectiva de este conflicto y sus consecuencias materiales para las personas precisa que actuemos por dos vías, ambas dialógicas y democráticas en el más amplio de los sentidos.
En el concierto de naciones, ante la clara tendencia referida hacia la ubicuidad tecnológica y la disolución que con sus herramientas hemos logrado, respecto de las limitaciones que solían imponernos el tiempo y el espacio; es necesario que entremos en un amplio y omnicomprensivo diálogo internacional para aprovechar las experiencias y la información contenida en los estudios, análisis y los resultados generados en otros países o regiones del mundo tras la generación y aplicación de marcos normativos e institucionales en estas materias y para los efectos mencionados.
Los Estados nacionales, por su lado, deben actualizar los diversos sistemas y plataformas con que cuentan, en muchos sentidos. Para hacerlo requerimos implementar profundos cambios y reformas que no sólo se sirvan de los productos y aprendizajes obtenidos en acercamientos internacionales como los referidos para su diseño y construcción; sino que, en todo caso, sean dotados de transversalidad y homogeneidad aplicativa y que se generen también en el marco de amplios diálogos en los que se involucre a todos los actores sociales individuales y colectivos que puedan aportar a esta discusión pública.
En este sentido, me parece que una medida necesaria que se debe adoptar es la reconsideración del modo en el que, en la actualidad, entendemos al derecho como fenómeno, creación y sistema normativo social e, incluyendo, la utilidad efectiva de las herramientas que en sus diversas materias y ámbitos incorpora, de cara a los fines que las mismas deben cumplir en beneficio de las personas en un contexto digital.
Hacer lo anterior, nos llevará a visibilizar lo importante que es replantear cuanto antes el modo en el que enseñamos el derecho y los elementos que una formación jurídica, en este siglo, debe incorporar en su ontología, epistemología y metodología. Para ello, debemos acercar a la académica y a la comunidad jurídica con la tecnológica y, de igual modo, con cualquier agente social que pueda aportar en estos esfuerzos, provocar su diálogo y su mejor comprensión de cara a la necesidad que como sociedad tenemos, en el sentido de resolver los conflictos que nos afectan con eficacia; y, con independencia de que los mismos, deriven de nuestra vida material o, en su caso, de aquellas que llevamos o que en un futuro podamos llegar a conducir en mundos virtuales.
Los profesionales del derecho que, en tal inteligencia, requerimos como sociedad, deben comprender la regulación en materia de privacidad de datos y tener un conocimiento sólido razonable de las tecnologías de la información. En particular, deben comprender cómo se recopila, almacena y procesa la información en línea, así como el funcionamiento de los sistemas y procesos utilizados para la seguridad de los datos. Asimismo, requieren estar en constante actualización respecto de la normativa que se genera en estas materias, misma que suele encontrarse desactualizada respecto de los vertiginosos desarrollos y avances científicos y tecnológicos. La protección de la privacidad y los datos personales es una cuestión crítica en la era digital, por ello es relevante que abogadas, abogados y estudiantes de derecho estén equipados con herramientas teóricas, lógicas y mecanismos para abordar estos desafíos de manera efectiva.
La participación de la comunidad jurídica es importante rumbo a la paulatina consolidación y normalidad aplicativa de los marcos normativos e institucionales que se generan y a cuyas debidas socialización e incorporación por parte de la sociedad contribuye. En tal medida, avanzar por esta vía es apremiante e indispensable. No podemos postergarlo más.
POR DR. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO CIUDADANO DEL INFO CDMX
TWITTER: @JULIOCBONILLAG
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