La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del plan “B” de la reforma electoral de AMLO: la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social.
Si continúan por ese camino y se anula toda la reforma electoral se van a meter con los derechos de las mujeres, de las minorías, de los migrantes. Ese es el fondo: invalidaron la igualdad de género en todas las candidaturas, la obligación de los partidos de incluir migrantes, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT, jóvenes, afromexicanos. Anulan la posibilidad de que las personas postradas y ciudadanos que están en las cárceles, sin sentencia y con derechos políticos, puedan votar.
El revés de la Corte contra el Plan “B” constituye una regresividad, una transgresión a las condiciones de equidad, es un claro retroceso del principio de progreso, promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y políticos. Queda anuladas los tres ejes del Plan “B” de la Reforma Electoral: el ejercicio de derechos Político- Electorales; del Sistema Nacional Electoral, y de la Justicia Electoral.
Votaron en contra, a pesar de que en el Plan “B” ya no consideraba tanto ahorro del gasto suntuario que tiene el INE; ni eso quieren dejar pasar, ni eso quieren tocar porque no les gusta que haya austeridad, no les gusta que el dinero se destine para la gente, para los que más lo necesitan.
El ministro ponente fue Alberto Pérez Dayán No discutieron de fondo el contenido de las reformas, se quedaron en la forma, alegando fallas en el procedimiento legislativo (haber dispensado trámites al considerarse de “obvia y urgente resolución”).
Si continúan por la misma ruta, también estarán en peligro las 20 reformas que aprobamos al final del período, reformas relacionadas con derechos de comunidades, de mujeres, de estudiantes, de campesinos. La Corte no ha actuado con imparcialidad; está tomado partido en lugar de hacer un trabajo escrupuloso de revisión y defensa de la Constitución.
Con esta resolución del plan “C” obviamente se fortalece la necesidad de atraer una reforma a fondo del poder judicial. No puede ser que sea el poder de poderes, y que nueve ministros de la Corte estén por encima de dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores que además llegamos por el voto de la gente, en contraste con los ministros que no llegaron por el voto de nadie.
La mayoría de los ministros respaldaron el proyecto de Alberto Pérez Dayán; sólo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz consideraron legales las reformas a la primera parte del Plan “B”.
Yasmín Esquivel sostuvo que el máximo tribunal “por respeto a la división de Poderes, no podía invalidar los compromisos del Legislativo”.
En tanto, la ministra Ortíz Ahlf consideró que las “graves violaciones al proceso legislativo se trataban de “economía procesal”, que apunta la necesidad de no reponer innecesariamente las etapas procesales, cuando ello no redundaría en un cambio sustancial en la voluntad parlamentaria expresada.
Los promoventes, como dijo la senadora Citlalli Hernández fueron diputados del MCPRIAN; “si no quieren legislar y van a llevar todo a la Corte, que ya no se les vote como legisladores”.
Nunca antes en la historia democrática de México un Presidente había llegado al 80% de aprobación ciudadana un año antes de terminar su gobierno de acuerdo con un estudio publicado por De las Heras Demotecnia.
A eso le temen los poderes fácticos: por ello usan todos los recursos a su alcance para dificultar el avance del gobierno y de la Cuarta Transformación. Desafortunada la decisión de los ministros de la Corte.
Las y los legisladores que por mayoría y después de un intenso trabajo legislativo aprobamos esas reformas somos representantes populares, y la reforma electoral corresponde no a los intereses de una minoría, sino a la demanda de los ciudadanos de vivir en una auténtica democracia. La Corte no es el refugio de la democracia; el aparato judicial está corrompido, como bien dijo el Presidente.
Tenemos un plan “C” para cancelar los privilegios de unos cuantos y acabar con los corruptos. El Poder Judicial se ha convertido en el frente de batalla de la derecha más conservadora, racista y clasista; las y los ciudadanos consideramos que es urgente y necesaria una reforma judicial.
El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que en septiembre enviará una iniciativa de reforma constitucional para que el pueblo elija a los ministros de la Corte.
También ha llamado a que los ciudadanos llevemos al Congreso a los dos tercios (o más) de legisladores que se requieren para modificar la Carta.
Una mayoría calificada en ambas cámaras; unidad en la continuidad del proyecto de transformación que hoy encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que Avance la Revolución de las Conciencias. Ese es el camino frente a los actos de prepotencia y autoritarismo de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quiere regresar por sus fueros.
¡Ni un voto a los conservadores corruptos!
POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO
SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO
MAAZ