Como ya es costumbre desde la legislatura pasada - en la que de manera irregular legisladores de Morena y aliados obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados impulsando reformas constitucionales sin consenso y avasallando a la oposición - en esta legislatura lo han hecho nuevamente, “torciendo” la ley a través de reformas a leyes secundarias.
Hemos visto al oficialismo totalmente rendido a las órdenes del Ejecutivo, escribiendo en la ultima semana del segundo año de sesiones una de las páginas más vergonzosas de nuestra historia republicana.
Actuando como una simple oficialía de partes del Ejecutivo, primero en la Cámara de Diputados y después en la de Senadores, se presentaron a “discusión” con total desconocimiento de las mismas, una serie de reformas enviadas por el Presidente, donde Morena y sus aliados, cínica y vulgarmente vulneraron el procedimiento legislativo, violentando disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y votando dichas reformas en “fast track”.
En Cámara de Diputados, en una sesión que duró más de 30 horas, los miembros de la oposición buscamos establecer los debidos consensos en los diversos temas que se estaban abordando, con el objetivo de aprobar mejores leyes; pero al oficialismo no le interesa escuchar, solo los guía una obediencia ciega.
Cabe destacar que, en esos maratones inconstitucionales, se aprobaron algunas disposiciones que, de entrada, nos permiten entender un ánimo encubridor de la mayoría. De esta forma, se violaron los principios de deliberación democrática y de rendición de cuentas; al aprobar la desaparición del denominado Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), uno de los mayores fracasos de este gobierno; así como la Financiera Rural, encargada de dar créditos a los campesinos del país.
Es evidente que la premura obedeció a la lógica del criminal que quiere desaparecer las pruebas de su delito. De este modo “consiguió”, ahorrarse el proceso de comparecencias y rendición de cuentas en estos temas tan importantes para el país.
Los dictámenes aprobados fueron enviados a la Cámara de Senadores el viernes 28 de abril del año en curso, al filo del cierre del período. Lo que ahí se vivió ha sido ya ampliamente documentado por la opinión pública y calificada como la “noche negra”, por el cúmulo de irregularidades cometidas: desde la implementación apresurada de una sede alterna, la falta de quórum, la dispensa de trámites y una serie adicional de graves omisiones al proceso legislativo. En tan solo un par de horas, construyendo una mayoría ficticia al tomarle protesta a una senadora suplente, sin la participación de la oposición, ni debate, se aprobaron dictámenes, la mayoría nocivos para México.
Violentando el debido proceso legislativo, los senadores del oficialismo; quienes previamente y sin vergüenza alguna, minutos antes acudieron a la sede del poder ejecutivo a “recibir linea”, cumplieron los caprichos del Presidente, sobre todo, el de seguir desmantelando las instituciones que por años se han construido y han sido ejemplo a nivel internacional de gestión pública.
Fueron 20 dictámenes a los cuales no les cambiaron ni una coma. Nunca en el pasado, ni con el PRI ni con el PAN cuando tuvieron mayoría en las cámaras se registró un atropello de este calibre, que afecta a miles de mexicanos.
Reconocemos que los Senadores de oposición dieron una valiente batalla, al tomar la Tribuna; logrando evidenciar la mezquindad, la cerrazón y el total desprecio al proceso legislativo del oficialismo.
Hoy no queda más que acudir a las siguientes instancias para revertir los errores cometidos de forma y fondo por el oficialismo. En principio acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar las leyes que ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que por su proceso y contenido va en contra de nuestra Constitución.
Estaremos observando qué define nuestro máximo tribunal. Para nadie es desconocido que en los últimos días, hemos sido testigos de la presión, persecución y el acoso que desde el poder ejecutivo se está llevando a cabo sobre las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que tomen definiciones que favorezcan al gobierno. Nosotros creemos en su
imparcialidad, independencia y total respeto a la ley.
Acción Nacional reitera su compromiso en defensa de las causas que realmente le importan a las y los ciudadanos.
DIP. JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN
LSN