En el Senado de la República aprobamos reformas a las leyes Minera; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y de Prevención y Gestión Integral de los Residuos; todo esto con el fin de recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la Nación.
Uno de los objetivos principales de la Ley de Minería es contribuir a la distribución equitativa de la riqueza pública, garantizar la protección del medio ambiente, lograr el desarrollo equilibrado y sustentable del país y mejorar las condiciones de vida de la población.
Las modificaciones aprobadas buscan regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para uso industrial en la minería, con la finalidad de proteger los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud y al agua de la población, así como la preservación de los recursos naturales de la Nación y el derecho de los pueblos originarios a la preservación de sus territorios.
Entre las nuevas disposiciones destaca la reducción de 50 a 30 años la duración de las concesiones mineras; además, regularía la transmisión de títulos de concesión, adicionaría causales de cancelación de concesiones y sancionaría conductas delictivas en materia de minería, entre otras; se elimina el carácter preferente de las actividades del sector sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de los terrenos, ya que no se justifica en beneficio de un particular y debe reservarse a casos de utilidad pública.
También se elimina la posibilidad de expropiar terrenos para actividades mineras; se elimina la minería submarina y en áreas naturales protegidas; se elimina la figura del terreno libre, con lo cual se evitará que se soliciten concesiones en cualquier parte del territorio nacional que indiquen los particulares; se añade la posibilidad de interponer juicio de lesividad, el cual consiste en revertir una resolución emitida con anterioridad, por la autoridad, que haya sido a favor de un particular, contraria a la ley y que causa daño a la Nación; se sustituye la afirmativa ficta por la negativa ficta.
Desde hace décadas no se hacían reformas significativas a la Ley de Minería, por eso eran urgentes las adecuaciones. Recuperar la rectoría sobre los recursos minerales e hídricos de la Nación es fundamental para el desarrollo del sector minero, por tratarse de una industria que contribuye con 10% del Producto Interno Bruto, alrededor de 80 mil millones de pesos, además, porque México posee 25% de toda la inversión extranjera para esta industria a nivel mundial.
Siempre lo he dicho y lo sostengo: no estoy en contra del desarrollo y la inversión generadora de empleos, en este caso de la minería, pero ninguna actividad debe estar por encima del deterioro de nuestros recursos naturales y la contaminación de los mantos acuíferos, que ponen en riesgo la salud. Como ambientalista que soy, me entusiasma que este instrumento restrinja las concesiones mineras en áreas naturales protegidas.
Como muchas reformas, ésta incide en un debate entre los intereses económicos de corte neoliberal y los derechos fundamentales tan importantes como la preservación del ambiente, el agua salubre, un medio ambiente sano y el bienestar general de la población.
Mi postura a favor del ambiente es firme.
POR MARÍA MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SENADORA DE MORENA POR HIDALGO
@MARIAMERCEDG
LSN