La Constitución de 1917 impuso al Estado amplias responsabilidades sociales, lo cual se tradujo en prerrogativas para incidir en importantes aspectos de la vida económica. Sin embargo, no fue sino hasta 1982, durante los primeros meses del gobierno de Miguel de la Madrid, cuando el concepto de “rectoría del Estado” quedó definido cabalmente en el texto constitucional.
Paradójicamente, en el mismo momento en el que la racionalidad neoliberal comenzaba a imponerse como destino inevitable, el concepto de “rectoría del Estado” alcanzó su refinamiento doctrinal.
Al muy poco tiempo, el artículo 25 se volvió una reliquia y el papel del Estado declinó frente a un futuro que apuntaba a la privatización de los servicios públicos, la desregulación de la economía y el abandono de las responsabilidades sociales.
Casi 40 años tuvieron que pasar para que el concepto de “rectoría del Estado” volviera a instalarse como referencia de la acción de gobierno.
No es casualidad: en la construcción de una sociedad de bienestar resulta fundamental recuperar las capacidades que le permitan al Estado, en tanto garante de la solidaridad social, planear, orientar y regular la actividad económica.
En días pasados dos noticias sirven de termómetro de la renovada vitalidad del concepto de rectoría del Estado. La primera de ellas es la iniciativa presentada por el gobierno federal en la Cámara de Diputados que busca modificar el régimen que rige la actividad minería en el país.
Uno de los cambios propuestos es que la minería deje de ser considerada de “utilidad pública”, lo que en los hechos permitía que se privilegiara el derecho de explotación por encima de otros, como, por ejemplo, aquellos que le garantizan a comunidades y pueblos el disfrute de sus territorios. La iniciativa también impone responsabilidades monetarias frente al daño ecológico propio de esta actividad cuando esta se autorice.
La segunda noticia fue la compra de 13 plantas a la empresa transnacional de origen español Iberdrola, la cual fue señalada durante la discusión de la Reforma Energética el año pasado de operar a favor de mantener el statu quo de privilegios obtenidos en lo oscurito durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La compra le permitirá a la Comisión Federal de Energía pasar de generar 39.6 por ciento de la energía eléctrica en el país a 55.5 por ciento.
Se trata de 8.539 megavatios, de los cuales 8.436 corresponden a ciclos combinados de gas y 103 al parque eólico La Venta III. Con ello se vuelve en el actor mayoritario de un mercado que resulta estratégico para el desarrollo nacional y el bienestar social.
POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
@ADRIANVR7
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