George Orwell en su emblemática obra 1984, donde nos presentó al Gran Hermano, argumentaba que la palabra “guerra” se había vuelto equívoca, pues, al hacerse continua, podría decirse que había dejado de existir. De ahí la consigna del partido en el poder dentro de su novela: “La guerra es la paz”.
Algo similar pasa con la opacidad. Vivir en opacidad genera una especie de ilusión, en la que, al estar acostumbrados a las penumbras y vacíos de información pública, parece que esta oscuridad no existe, pues no se conoce otra cosa y, en este ejemplo hipotético, pudiere pensarse que el régimen en turno es entonces todo menos opaco, aunque esto distara mucho de la realidad.
Esto me hizo pensar en una pregunta sencilla pero reveladora: ¿qué sería de la vida pública de México sin la transparencia?
Hace veinte años surgió la primera ley de transparencia en nuestro país; desde entonces han habido victorias y derrotas en la materia, avances y retrocesos. Pero en este camino un tanto empinado y retorcido, hay una constante: la persistencia de la academia, del sector periodístico, eventualmente de los organismos autónomos encargados de vigilarla y garantizarla, pero sobre todo de la sociedad civil, que ha permitido que hoy la transparencia sea requisito fundamental para considerar a nuestro sistema político como democrático.
Tanto así que actualmente podríamos dar por sentado el derecho que tenemos de conocer toda la información que las instituciones públicas generan; imaginar una sociedad diferente y un Estado nuevamente opaco nos resultaría muy difícil de imaginar en tiempos actuales.
De caer en dicho supuesto, estaríamos en un México en donde la autoridad no tendría por qué compartir la información que genera; preguntar cuestiones tan sencillas como la normatividad o el presupuesto que rige para las instituciones sería complicado; los medios de comunicación batallarían para dar información a la sociedad y las filtraciones serían cuestionadas por no existir datos duros e información oficial a disposición de la población.
Por ello, es importante no confiarnos y creer que siempre tendremos garantizado nuestro derecho de acceso a la información, recordemos que alguna vez no fue así, la información pública estaba en manos de las autoridades, el ocultamiento y la opacidad eran la regla.
Dicen que el riesgo de perder algo, es lo que nos hace valorarlo aún más y defender lo ganado. No permitamos que este derecho se pierda para apreciar lo que ha traído a la vida democrática del país.
Es precisamente la apertura de información gubernamental la que nos ha permitido como sociedad, estar informados; contando, por un lado, con información útil para la toma de decisiones ciudadanas, así como, por otro, para conocer acontecimientos relevantes para la vida nacional, como desviaciones de recursos públicos, violaciones a derechos humanos, actos de corrupción o vinculaciones de autoridades con el crimen organizado.
Apertura que únicamente se logra con la existencia de leyes y de instituciones que velen por la salvaguarda de este derecho humano, no subordinadas a los poderes tradicionales que históricamente han demostrado no contar con las características necesarias para garantizarlo, pues precisamente se someten a los intereses de cada uno de estos.
Me refiero a los organismos garantes de transparencia y protección de datos personales, tanto locales como nacional. Instituciones que forman parte de los llamados organismos constitucionales autónomos y que, gracias a la independencia respecto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han abonado desde la especialización técnica, al conocimiento y al escrutinio público del actuar de estos poderes y de otros entes que reciben recursos públicos.
Hoy por hoy contamos con una institución nacional y una en cada entidad federativa, que se encargan de garantizar que la información pública llegue a todas y todos; sin ellas, y en tanto su función no puede ser suplida por alguna Secretaría o dependencia del gobierno, ya que por su naturaleza serían juez y parte, imposibilitando la garantía de imparcialidad en la toma de sus decisiones, estaríamos condenados a vivir en la opacidad que reinaba hace no muchos años, esa opacidad que permitía operar lo público en el confort del desconocimiento y mantener a los ciudadanos y medios de comunicación a raya del discurso oficial.
Hoy nos toca defender esos derechos humanos y las instituciones que los garantizan, con visión crítica del pasado y constructiva hacia el futuro. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.
Por Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Comisionada del INFOCDMX
@lauraenriquezr @InfoCdMex
MAAZ