No es algo de lo que alguien deba regocijarse, pero las señales de lo que ocurriría estaban a la vista. A finales de noviembre de 2019, por decreto presidencial (una característica propia de los fiascos de esta administración), se creó el ahora desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar, con el cual supuestamente se crearía una nueva manera de prestar servicios de salud a la población.
El nacimiento del Insabi representó la muerte del Seguro Popular, el seguro público de salud más grande del país hasta entonces, que atendía a 53 millones de mexicanos, creado por la administración de Vicente Fox. Este garantizaba a los afiliados el acceso a 294 servicios esenciales, además de 66 intervenciones de especialidad.
Para este capricho, el Presidente López Obrador decidió nombrar como director general a un paisano suyo, sin ninguna experiencia en el sector salud: Juan Ferrer Aguilar, el cual trabajó durante varios años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y se desempeñó como director de varias zonas arqueológicas del país.
El Insabi entró en operaciones el 1 de enero de 2020, apenas unos meses antes de que la pandemia de covid-19 llegara a México. Bajo la dirección de Ferrer nunca se llegó a contar con un manual de organización general, ni con sus manuales de organización específico y de procedimientos; pero también, desaparecieron 44 mil 392 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, el cual había recibido del extinto Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 119 mil 597 millones de pesos.
Pero no solo desaparecieron fondos, también el servicio brindado fue un desastre. Durante 2022, el Insabi dio 4.7 millones de consultas menos que en 2021, una caída del 21 por ciento respecto del año anterior y del 75 por ciento con relación a 2018, además, el Gobierno federal admitió que dejó sin surtir casi 45 millones de recetas.
Para poner en perspectiva las cosas, en lo que va del gobierno de López Obrador, el porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud aumentó, es decir, cuando existía el Seguro Popular, había 20.1 millones de mexicanos con esta carencia; con la creación del Insabi, la cifra se disparó a 35.7 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud.
Desde su creación, el Insabi recibió entre 2020 y 2023, más de 400 mil millones de pesos, pero los resultados de su primer año fueron 15.6 millones de mexicanos sin acceso a servicios de atención, y un desbasto general de medicamentos del 30 por ciento. La Auditoria superior de la Federación señaló que encontró debilidades en la operación y supervisión de la aplicación de recursos; señaló la mala gestión en programas de vacunación; irregularidades en la contratación de personal para la pandemia, fallas brutales en la compra consolidada de medicamentos con el sabido desabasto.
Por eso fue mejor para el gobierno extinguirlo. Pero la población más necesitada es la que pierde.
Entender la magnitud de este fiasco como otros, requiere acceso a información. Por eso se entiende que quieran extinguir al organismo que la proporciona.
CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@carloszup
MAAZ