En todas las naciones democráticas del mundo los poderes legislativos se distinguen, entre otras cosas, por ser los lugares donde se discuten los proyectos de gobierno, los planes de Estado o las políticas públicas. Tradicionalmente, su carácter deliberativo es mucho más público que el del poder judicial. De igual manera, en contraste con el poder ejecutivo, se trata de un cuerpo colegiado de naturaleza no jerárquica.
El debate de ideas es tan determinante para esta rama del poder republicano que el constitucionalista nacionalsocialista, Carl Schmitt, lo consideraba el símbolo del orden liberal que habría que destruir en primera instancia.
Inspirándose en las ideas antiliberales de Schmitt los populismos del siglo XXI suelen atacar los Congresos o Parlamentos, al tiempo que buscan fortalecer los poderes presidenciales, que, de acuerdo con el jurista alemán, son quienes sí pueden tomar decisiones sin tener que deliberar.
En México, el poder legislativo logró obtener gran preeminencia durante los gobiernos de la transición y alcanzó cierta independencia respecto al poder Ejecutivo en comparación con lo que sucedía en los gobiernos de la posrevolución. A su vez, el Congreso mexicano comenzó a abrirse a la sociedad civil adoptando prácticas como el parlamento abierto.
El arribo del obradorismo al poder en 2018 introdujo con fuerza inusitada una costumbre que se creía desterrada: la supeditación del poder legislativo a los designios del poder Ejecutivo. Aunque esto cambió relativamente tras la elección intermedia del 2021, que le quitó a los aliados del Presidente la posibilidad de cambiar la Constitución sin negociación con otras fuerzas, lo cierto es que el sometimiento del Congreso al Presidente se ha mantenido, lo cual ha permitido que cambios a Leyes Secundarias se realicen sin discusión alguna.
Recientemente hemos sido testigos de tentativas autoritarias dentro del Congreso donde se aprueban cambios a Leyes sin que medie el proceso de deliberación que deben caracterizar a los procesos legislativos. No sólo eso, sino que se ha desterrado a la sociedad civil al no incluir los parlamentos abiertos.
Los ejemplos se multiplicaron. Se aprobaron varias Leyes al vapor que liquidan al INSABI, entregan el tren maya al ejército en forma indefinida, refuerzan el control militar del espacio aéreo, avalan nuevos criterios sobre remate de bienes nacionales, avalan desaparecer una importante institución de apoyo financiero agropecuario, ajustan la Ley de Instituciones de Crédito, reorientan recursos del Fonatur, descongelan iniciativa que permitirá a la Secretaría de la Función Pública ser juez y parte en procesos de contratación del sector público y aprueban una nueva Ley que regula al antiguo CONACYT.
La deriva autoritaria del poder legislativo es indudablemente preocupante. De continuar en el futuro llevaría al colapso de la democracia liberal en México. Oponerse a esto es un deber de la ciudadanía organizada.
Gustavo de Hoyos Walther
Presidente de Alternativas por México
@gdehoyoswalther
MAAZ