Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados modificaron la Ley de Ciencia y Tecnología nacional, pero el proyecto presidencial deja muchos vicios legales en la interpretación de las nuevas reglas.
Entre los argumentos para sacar la reforma se expuso que de 2001 a 2018 el Conacyt transfirió más de 45,000 millones de pesos a empresas privadas “nacionales y transnacionales que no requerían el apoyo del Estado.” También se señala que tanto la administración como la operación de los fideicomiso construidos por los Centros Públicos de Investigación “se llevaron a cabo al margen de las comunidades académicas.” Y señala qur estos fideicomisos resultaban poco transparentes y generaban condiciones poco favorables para la Administración Pública Federal.
Asimismo, se señala que las becas de posgrado resultaban ser poco transparentes y “respondieron a intereses políticos y económicos de las instancias responsables de su operación.” También se afirma que se mercantilizó la educación y la ciencia.
De acuerdo con una evaluación de Movimiento Ciudadano, el proyecto presidencial busca establecer lo siguiente: Garantizar, conforme a la disponibilidad presupuestaria, el acceso universal a becas de estudiantes de maestría y doctorado. Se establece el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en donde se distribuirán competencias de la Federación, entidades federativas, municipios y alcaldías para la ejecución de los instrumentos de planeación estratégica.
De acuerdo a la evaluación las problemáticas jurídicas detectadas en la iniciativa presidencial son: las leyes generales tienen por mandato distribuir competencias entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías. Sin embargo, la propuesta contiene problemáticas en cuanto a la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno. Se advierte que la propuesta de Ley General se excede ya que establece facultades para que los congresos y los ayuntamientos establezcan lineamientos.
El sistema de becas y apoyos complementarios a estudiantes que realicen estudios de posgrado se limitarán a universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector público. Ello excluye a las y los académicos del sector privado.
Se señala que la ley propuesta sólo contempla el programa de fomento a la ciencia PRONACES, sin embargo, no existe claridad sobre la forma en que operará dicho programa.
De igual manera, se establece que todo el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación será centralizada en el CONACyT ya que no existe participación estatal y municipal. Asimismo, se excluye a los sectores académico, social y privado.
La propuesta elimina la autonomía de los Centros Públicos de Investigación y los convierte en organismos al servicio del Gobierno pues se establece que el CONACyT tendrá funciones de coordinación pero no de dirección, pues todo queda en manos de la Federación.
La iniciativa no establece un monto mínimo de financiamiento que deberá otorgar el Estado Mexicano para la ciencia y tecnología. Cabe apuntar que la UNESCO recomienda que los Estados destinen al menos el 1% del Producto Interno Bruto al sector científico. En la propuesta legislativa no se contemplan mecanismos de transparencia.
Existe ambigüedad en cuanto a los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior podría afectar a las personas inventoras y creadoras.
La nueva propuesta genera un trato desigual entre científicos de universidades públicas y privadas. Esto pues se otorgan mayores beneficios a los académicos de las universidades públicas. Lo anterior puede generar condiciones de discriminación entre académicos.
UPPERCUT: Hay muchos más puntos que generan temor en el ámbito de los Investigadores y expertos.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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