El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma a la Ley Minera, de Aguas Nacionales y de Equilibrio Ecológico. Entre las propuestas se encontraba la reducción de 50 a 15 años el término de las concesiones y permitir una prórroga por una sola ocasión “por igual término cuando sus titulares no hubieran incurrido en cualquiera de las causales de cancelación”.
También planteó un esquema de otorgamiento de concesiones para que únicamente mediante concurso público se puedan otorgar y, además, eliminar el carácter preferente de la actividad minera. Lo anterior se traduce en que las tareas de exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias no son razón suficiente justificable para expropiar en favor de particulares.
De igual manera, planteó eliminar el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera y, haciendo justicia a los pueblos y comunidades, propone que haya una consulta a las mismas previo al otorgamiento de concesiones para explotación. En síntesis: es el pueblo quien decide.
Es una iniciativa que recupera el espíritu de la lucha campesina y agraria de muchos años: traer justicia a las comunidades y ejidos de nuestro país como ejes del desarrollo en el campo. Lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, aún están pendientes las reformas de “la vida”; las reformas que garantizan el derecho a la tierra, al agua, al medio ambiente y a la salud. El carácter de esta iniciativa recupera, sin lugar a dudas, estos planteamientos.
El pasado 20 de abril se aprobó una minuta de ley sobre minería en la Cámara de Diputados, en la que si bien existen importantes cambios positivos para los pueblos y comunidades de nuestro país, quedaron fuera temas importantes que estaban considerados en la iniciativa presidencial.
Entre los planteamientos que fueron aprobados destacan retirar el carácter preferente a la actividad minera, para evitar que la minería pueda colocarse en automático por encima de aquellas actividades que los pueblos y comunidades que habitan y son dueños de los territorios decidan llevar a cabo en ellos.
También el derecho a la consulta para obtener el consentimiento de pueblos y comunidades quedó garantizado. La prohibición de la minería en áreas naturales protegidas y en zonas sin disponibilidad de agua, o zonas en las que la actividad minera ponga en riesgo a la población y la obligación de un programa de restauración, cierre y post-cierre; la limitación para traspasar una concesión y se elimina la expropiación como derecho del concesionario, además de la diferenciación entre los procesos de exploración y explotación.
Consideramos que en la minuta aprobada quedó pendiente garantizar el derecho al agua de las comunidades, mismo que estaba planteado en la iniciativa presidencial.
El modelo neoliberal permitió que los grandes capitales mineros nacionales y extranjeros asumieran que la tierra en su superficie y en el subsuelo fuera propiedad de ellos; les hizo pensar que no tenían ninguna responsabilidad para con el Estado mexicano enriqueciéndose, mientras empobrecían y envenenaban a los pueblos.
Es cierto, falta mucho por hacer y por lograr. Se logró ganar una batalla, aún nos falta ganar la guerra. Habían pasado 30 años sin que se le moviera una coma o un punto a las leyes que garantizaban que los grandes capitales neoliberales pudieran seguir generando riquezas a costa de los más pobres. Acompañaremos y defenderemos esta minuta en el Senado de la República, entendiendo que es perfectible, que aún hay temas pendientes como el agua. Aprobar esta minuta permitirá abrir nuevos espacios de discusión, análisis y trabajo legislativo; la lucha apenas comienza.
Desde el Senado de la República ratificamos nuestro compromiso con el pueblo de México. Vamos por la reforma a la ley minera.
POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES
COLABORADOR
@JOSENARRO
PAL