Mañana se cumplirán 170 años del decreto de Antonio López de Santa Anna, “benemérito de la patria”, mediante el cual se propuso “arreglar el uso de la libertad de imprenta”.
Rememorar estos hechos es una forma de recordar lo frágil que puede ser la democracia si se atenta contra algunos derechos fundamentales, como la libertad de expresión.
Nos ha llevado 200 años de historia como nación independiente ir consolidando esta libertad, indispensable en una democracia, a tal punto que es incontrovertible que sin libertad de expresión no hay democracia, y que sin democracia no hay libertad de expresión.
El derecho a saber es esencial entre los derechos ciudadanos pues ¿cómo vive, opina, decide, vota, ejerce sus otros derechos, quien no tiene acceso a información verdadera?
Sin libertad de expresión y sin derecho a la información, la democracia es una quimera, porque en su ausencia se va mermando la pluralidad para tratar de instalar en su lugar el pensamiento único, la versión autorizada, la verdad oficial, la visión del poder, el imperio de una sola voluntad.
El decreto de Santa Ana regulaba el registro y actividad de impresores, editores, autores, dibujantes y expendedores, con sus correspondientes multas, que iban desde 25 pesos, a los impresores que no pusieran en sus publicaciones “sus verdaderos nombres y apellidos”, hasta de 600 pesos para los responsables de “impresos subversivos”.
Son abusos de imprenta, establecía el artículo 22, los escritos subversivos, sediciosos, inmorales, injuriosos y calumniosos.
Los escritos subversivos se describían como aquellos que “ataquen o se dirijan a destruir las bases de la administración de la República”, los que “ataquen al supremo gobierno, a sus facultades y a los actos que ejerza en virtud de ellas”, con lo que era claro que toda crítica al gobierno o sus acciones sería castigada.
Más allá de la anécdota que representan disposiciones inherentes a su tiempo, como calificar de subversivos “los impresos contrarios a la religión católica y los que hagan mofa del carácter sagrado de sus ministros”, el decreto contenía disposiciones propias de una dictadura, por ejemplo, que antes de proceder a la publicación de cualquier impreso se debería entregar un ejemplar al gobierno o primera autoridad del lugar en que se imprimiera, o bien que un periódico podría ser suprimido, por medida de seguridad general, por un decreto del presidente de la República.
Santa Ana, que había iniciado el 20 de abril de 1853 el que sería su séptimo y último periodo como presidente, se apresuró a decretar cinco días después su restrictiva ley de imprenta, en la lógica de que la pretensión de manipular a un pueblo entero requiere como primera medida controlar la información y coartar la difusión de ideas y opiniones.
El pasajero intento de Santa Anna de arreglar el uso de la libertad de expresión nos recuerda que la mejor vía para la consolidación de un régimen democrático es justamente fortalecer las libertades y derechos asociados a la información y al conocimiento de los asuntos públicos.
POR MAURICIO FARAH
SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SENADO
@MFARAHG
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