Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por una mayoría de ocho votos la inconstitucionalidad de la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, resolución que ha generado una respuesta enérgica de AMLO quien, de paso, anunció que presentará una nueva iniciativa constitucional en 2024, confiando que en la próxima Legislatura la 4T cuente con la mayoría calificada en el Congreso para aprobarla.
Debo decir que en mi trayectoria legislativa, desde que éramos oposición, siempre he sido un crítico del Poder Judicial que históricamente ha actuado al servicio de élites políticas e intereses económicos, en abierta complicidad y nunca con una verdadera vocación de justicia y mucho menos visión social. Mis críticas se confirmaron cuando la asociación de jueces y magistrados salieron públicamente a negarse a reducir sus sueldos frente a la aprobación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en 2019.
Este nuevo fallo puede ser, como lo es, objeto de tantos análisis jurídicos y discusiones leguleyas como se quiera, pero el tema que subyace en el fondo es el modelo de institución de seguridad pública que necesitamos para hacer frente a la situación de violencia y criminalidad heredada de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. La adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena no responde a una intención de militarizar al país como falsamente se ha acusado, sino a la necesidad de dotar de operatividad y eficiencia a la principal institución de seguridad, ante los reiterados fracasos, omisiones e ineptitudes de las autoridades civiles de todos los órdenes de gobierno para conformar instituciones confiables, bien adiestradas y adecuadamente equipadas para hacer frente a organizaciones criminales cada vez mejor estructuradas y más armadas.
La seguridad es claramente una de las principales preocupaciones de las y los mexicanos y AMLO jamás ha evadido su responsabilidad de pacificar al país, y por eso es que ha optado por no repetir las mismas estrategias fallidas del pasado, gracias a las cuales personajes como García Luna se hicieron del control de las instituciones de seguridad mientras operaban a favor de cárteles.
Resulta notoria la hipocresía y el doble discurso de quienes hoy se dan golpes de pecho por la supuesta militarización. El PAN, con Calderón, sacó al Ejército a las calles sin un marco jurídico, es decir, en absoluta violación a la Constitución y en casi todos sus gobiernos estatales ha tenido mandos militares en las instituciones de seguridad y nadie de quienes hoy reclaman la estrategia de AMLO, dijo absolutamente nada.
AMLO es un demócrata y no tiene absolutamente ninguna intención de instaurar un régimen militar. Eso es una vil y miserable mentira de los opositores, igual a otras anteriores como la de que pretendía reelegirse, que quería convertir a México en Venezuela o Cuba, que quería desaparecer al INE para regresarle el control de las elecciones a la Segob y otras tantas patrañas que hoy se ha demostrado que eran falsas.
No puedo aceptar que para hacer frente a un problema grave nos mantengamos en las mismas recetas que probadamente han fracasado y que, con su fracaso, han permitido su empeoramiento paulatino.
POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
COLABORADOR
@BENJAMINROBLESM
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