No deben pasar desapercibidas las tragedias que han costado vidas en nuestro país y de las cuales el gobierno ha sido responsable. Uno de estos casos fue el que se registró a finales del mes de marzo, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que un incendio cobró la vida de 40 migrantes. Tras la tragedia, miles de voces cuestionaron ¿por qué era responsabilidad del gobierno federal la muerte de migrantes, si uno de ellos mismos había iniciado el fuego?
La respuesta es simple: las autoridades federales fueron quienes aseguraron a las personas y las pusieron tras las rejas en ese lugar. Es decir, eran su responsabilidad. Estaban bajo su resguardo. En pocas palabras, podría decirse que cometieron un homicidio por omisión y, por lo tanto, este delito no debe quedar impune. Ya se liberaron órdenes de aprehensión tras la muerte de migrantes, ya se mencionó que las investigaciones incluyen al titular del Instituto Nacional de Migración y espero que llegue a las últimas consecuencias.
Definitivamente hay responsables por no emitirse los protocolos de actuación en situaciones semejantes: no vigilar su aplicación, no capacitar adecuadamente a su personal y no evitar que a los migrantes retenidos se les mantenga encerrados como si fueran sentenciados. Este no es el único caso en que el gobierno ha sido responsable. El 18 de enero de 2019, en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, se registró una explosión en un ducto de gasolina de Pemex, dejando 137 personas sin vida. Y hay quien dice que quienes resultaron muertos y lesionados estaban robando combustible, pero que quede claro, ningún delito puede pagarse con la vida.
En ese caso, las autoridades se los hubiesen llevado por esa falta. Pero no, autoridades de diferentes niveles no aplicaron ningún protocolo para retirar a las personas. Asimismo, en febrero de 2020, en el hospital regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, 69 pacientes recibieron heparina sódica contaminada y de manera oficial se informó que ocho personas perdieron la vida. Una tragedia más se registró el 6 de septiembre de 2021, en Tula, Hidalgo. Ahí, debido a un desbordamiento del Río Tula se inundó el hospital número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual se quedó sin luz eléctrica. En este suceso se reportaron 15 personas fallecidas, ya que varias de ellas dependían de oxígenos.
Días después, el gobierno federal confirmó que el desbordamiento no se debió a lluvias sucedidas en Hidalgo, sino a que el afluente del río fue rebasado por las emisiones de aguas negras enviadas desde la Ciudad de México, y a que no se llevaron a cabo las obras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordenó efectuar en el río Tula desde 2017. No debe registrarse una tragedia más en donde el gobierno sea responsable y, sobre todo, los ya sucedidos no deben quedar impunes.
POR XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ
SENADORA DEL PAN
@XOCHITLGALVEZ
LSN