La jornada electoral es uno de esos ejercicios que le dan sentido a nuestra democracia porque el voto de todas las personas tiene el mismo valor. Es más, votar no sólo es un derecho. sino una obligación que tenemos cada mexicana y mexicano mayor de 18 años en este país. En las urnas es en dónde todas y todos somos iguales o, al menos, así debería de ser.
Pero ¿qué pasa cuándo una persona no puede ejercer el derecho de votar o ser votada por razones no contempladas en la igualdad jurídica establecida por la Ley? Imaginemos, por ejemplo, que para poder ejercer tu derecho al voto requieres de ciertos requisitos que otras personas consideran como extras, como que tu casilla se encuentre cerca de tu domicilio y cuente con una rampa de accesibilidad universal, que tengas una boleta en braille o que las personas funcionarias de casilla puedan darte las instrucciones con lenguaje de señas.
Estos son sólo algunos de los ejemplos que personas con discapacidad virtieron en una de las cinco mesas de trabajo que, desde la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, realizamos para impulsar un paquete de reformas que regulen acciones afirmativas para éste y otros grupos de atención prioritaria.
Escuchar que, pese a que los Organismos Públicos Electorales han hecho esfuerzos considerables para garantizar que personas con discapacidad puedan emitir su voto de forma autónoma, libre, accesible y directa; este derecho sigue sin poder garantizarse para todas las personas en todos los contextos resulta tan sorprendente como preocupante. Y es que, desde una visión capacitista una boleta braille puede parecer “suficiente”.
Pero lo cierto es que no estamos contemplado ni todas las discapacidades, ni todos los ajustes necesarios que éstas requieren para que cada persona, sin importar su edad, discapacidad o condición física puedan ejercer este derecho angular de nuestra democracia. Ya no digamos la otra extensión del derecho a votar, que es el derecho a ser votada o votado.
En ese sentido, la representación política de las personas con discapacidad ha avanzado mucho, pero claramente no basta. Muestra de ello es que, hoy por hoy, el Congreso de la Ciudad de México no tiene a ninguna diputada ni diputado con discapacidad, pese a que habemos otras poblaciones representadas (personas jóvenes, personas LGBTIQ+, migrantes o personas afrodescendientes).
Pongamos de ejemplo a la población de las personas de la diversidad sexual y de género, a la que pertenezco. Pese a que en el Congreso de la Ciudad de México participamos dos diputados y una diputada con una orientación sexual no normativa, no contamos con ninguna persona representante de la diversidad de género, es decir de la población trans y no binaria. En ese sentido, nuestro Congreso también está incompleto.
Esto es aún más real de cara a la última Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género presentada por el INEGI en 2021, de acuerdo con la cual las personas LGBTIQ+ representamos, al menos, a 5.1% de la población de nuestro país. Grupo minoritario no somos, y lo mismo pasa con el resto de los grupos y poblaciones de atención prioritaria.
En suma, personas jóvenes, personas afrodescendientes, personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad enfrentan una gran variedad de retos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, políticos y electorales. Con todo, comparten un sólo resultado: la falta de representación política y, con ello, la ausencia de una participación plena en la vida democrática de nuestra Ciudad y nuestro país.
Por ello es necesario, 1) contar con acciones afirmativas y 2) apostar por un viraje institucional de los órganos responsables de la legislación, planeación y realización de los procesos electorales a fin de reconocer esta multitud de realidades, sus intersecciones y hacer los ajustes necesarios para que nadie se quede fuera de nuestra democracia. Esto también abarca a la población en prisión preventiva oficiosa sin sentencia firme, cuyos derechos político-electorales se mantienen, pero no son ejercidos desde el momento mismo en que no pueden emitir su voto en los centros penitenciarios en los que se encuentran. Sí, este es también un tema de derechos, además de ser un mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por ello fue muy valioso que a lo largo del último semestre de 2022 buscamos escuchar las voces de estas poblaciones, activistas y personas expertas en los temas a fin de construir una propuesta consensuada y que sea espejo de la realidad social. Hace una semana, como presidente de la Comisión, tuve el honor de presentar el resultado de esas conversaciones.
Por un lado, a partir de la falta de oportunidades para las generaciones emergentes de personas interesadas en participar activamente en la política, apostamos por bajar la edad límite de las acciones afirmativas jóvenes a 30 años, en lugar de los 35 reglamentados actualmente en la Ley.
Con ello, buscamos fomentar que los partidos se dediquen a la formación auténtica de cuadros jóvenes que representen un verdadero relevo generacional. Escuchando a las y los más jóvenes queda claro que su visión transformadora del mundo es necesaria para, como dijo mi compañera diputada Maxta, oxigenar la política actual.
Ahora bien, escuchando a las personas LGBTIQ+ y personas afrodescendientes queda claro que es necesario regular acciones afirmativas específicas que superen los antecedentes fijados por el Instituto Electoral en 2021. A la par, de voces fundamentales como las de mi compañera Indalí Pardillo y las Afrochingonas, queda más que claro que estas acciones deben responder a una dinámica de interseccionalidad, garantizando que cada vez más espacios sean ocupados por mujeres y personas jóvenes afromexicanas y de la diversidad sexual y de género.
Queda claro también que debemos apostar por un paquete legislativo e institucional integral para la participación de todas las personas con discapacidades, para que desde que lleguen a la urna hasta que lleguen como representantes electas a un espacio de toma de decisiones, su camino sea accesible, con las modificaciones razonables necesarias y la sensibilidad burocrática e institucional que les garantice puertas abiertas en cada parte del proceso. Finalmente, nos queda más que clara, la urgencia de garantizar el voto a todas las personas en prisión preventiva oficiosa, algo que haremos de la mano con el Instituto Electoral de la Ciudad.
En efecto, falta mucho, pero en este camino seguiremos. Un siguiente paso será la presentación de la iniciativa trabajada de la mano con todas estas poblaciones, su dictaminación y aprobación. Pero el compromiso ya está hecho: seguir caminando de la mano, sin soltarnos, hasta tener una democracia de todas, todos y todes.
Temístocles Villanueva Ramos
DIPUTADO DE MORENA EN EL CONGRESO DE LA CDMX
@TemistoclesVr
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